La Contraloría General de la República ha destapado un fraude en la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) Arequipa Sur, revelado en el Informe de Auditoría N° 006-2025-2-0710-AC. El documento, que abarca el periodo de diciembre de 2018 a julio de 2024, identifica un perjuicio económico que asciende a S/ 8,500,157.34 por la validación irregular de nuevos montos de planillas y el reconocimiento indebido de adeudos e intereses a favor de personal administrativo
Seguidilla de irregularidades
La auditoría se centró en determinar si las acciones para validar nuevos montos de las planillas de pago y el consecuente reconocimiento de adeudos de ejercicios presupuestales anteriores e intereses, correspondientes al personal administrativo bajo el régimen del Decreto Legislativo N° 276, se realizaron conforme a la normativa vigente. El monto total examinado en esta materia de control ascendió a S/ 8,742,813.93.
El impacto financiero de esta presunta red de irregularidades es millonario, superando los ocho millones y medio de soles. Al analizar el monto total de control, se desglosa que S/ 6,163,750.97 corresponden al pago por reconocimiento de adeudos de ejercicios presupuestales anteriores. A esto se suma un pago de S/ 1,910,870.06 por intereses de dichos adeudos.
Finalmente, la cifra incluye S/ 398,192.90 por reconocimiento de adeudos e intereses a favor de un ex-Director del Sistema Administrativo II del Área de Administración. Lo que subraya la participación de altos mandos en el esquema. Estas cifras, que representan un uso indebido de fondos públicos, dibujan un panorama de grave afectación presupuestaria a la entidad.
Este accionar administrativo, al margen del ordenamiento jurídico aplicable, sirvió de mecanismo para generar el posterior reconocimiento de adeudos de ejercicios presupuestales anteriores y los intereses asociados. La Contraloría sostiene que el proceso inobservó el ordenamiento jurídico aplicable, lo que convierte la validación de la planilla única de remuneraciones en la base de la irregularidad masiva.
Una de las acciones más cuestionables tiene que ver con la gestión de deudas que ya se encontraban fuera del ámbito administrativo. El informe señala explícitamente que un funcionario de la entidad tramitó el reconocimiento de intereses legales de adeudos pese a que el mismo caso ya se encontraba judicializado ante el Poder Judicial. Este hecho no solo es una inobservancia de la ley, sino que representa un potencial conflicto de autoridad y jurisdicción que redundó en el perjuicio económico reportado.
Se pierden resoluciones
Paralelamente a las irregularidades financieras, la auditoría reveló graves deficiencias de control interno que sugieren un entorno propicio para la mala gestión. Estos fallos se manifiestan en la administración documental y los procedimientos de notificación de la entidad. Lo que compromete la transparencia y la trazabilidad institucional.
El primer gran hallazgo es la carencia de mecanismos de control ante la pérdida o extravío de resoluciones directorales y sus autógrafas. La Comisión Auditora tomó conocimiento de que en el año 2023 se suscitó la pérdida de algunas autógrafas (documentación original y de sustento) de resoluciones directorales en el archivo de Secretaría General.
Esta grave situación no fue reportada a las instancias pertinentes por la entidad. El personal administrativo informó que la UGEL no ha establecido lineamientos internos para casos de pérdida o extravío de documentación. La ausencia de estos procedimientos esenciales contraviene las Normas Generales de Control Interno sobre archivo institucional y control de riesgos.
Archivo a punto de colapsar
Otro factor de riesgo es la precaria situación física del archivo. Se corroboró que el ambiente destinado para el archivo de autógrafas de resoluciones desde 2017, y resoluciones empastadas desde 1991, ya es insuficiente. La UGEL emite aproximadamente 12 mil resoluciones cada año, y la falta de capacidad pone en riesgo la conservación y la seguridad de esta información institucional crítica.
La segunda deficiencia estructural hallada radica en la falta de control en la notificación de resoluciones directorales a las diversas áreas y oficinas de la entidad. El proceso se realiza mediante un «cuaderno de entrega», pero carece de la rigurosidad necesaria para garantizar la trazabilidad.
Las omisiones en este cuaderno de registro son críticas. La Contraloría advirtió que no se consigna el sello de recepción del área notificada. Más aún, solo se registra la firma o visto de la persona que recibe, omitiendo el nombre completo o DNI, consignándose en muchos casos solo el primer nombre, lo que debilita significativamente la responsabilidad y el conocimiento oportuno.
Estas deficiencias en el control de archivos y la notificación afectan directamente la trazabilidad de la documentación y el conocimiento oportuno de los actos administrativos. La falta de políticas y la precariedad del archivo (evidenciada por la pérdida de autógrafas y la falta de espacio) pone en riesgo la seguridad de la información y, por ende, limita seriamente las labores de fiscalización que permiten el control ciudadano.
