Advierten millonario sobrecosto en proyectos de agua por negligencia de Sedapar

Cuatro proyectos de saneamiento de agua potable (adquisición de medidores de caudal) se encuentran completamente paralizados y el precio para reactivarlos se ha disparado en más de S/ 1 millón 139 mil 527. El problema es que esto es más del doble del saldo de obra que se dejó inicialmente: que era de S/ 534 mil 280. Es decir, un incremento de S/ 605 mil 247.41. Lo que pone en evidencia una negligente gestión en la empresa Sedapar.

El propósito central de estos proyectos —ejecutados en las localidades de Camaná, El Pedregal, Yauca y Ático, y valorizados inicialmente en conjunto en cerca de S/ 2.3 millones— era la instalación de macromedidores para obtener un correcto control del agua potable producida y, crucialmente, reducir el alto índice de Agua No Facturada (ANF). Aunque ahora todo permanece entrampado. 

Negligencia de Sedapar

En los informes de la Contraloría se advierte que los tiempos establecidos para comprar los macromedidores estaban fuera de la realidad.

Según la Contraloría de la República, existe un patrón de malas praxis en las cuatro obras. Todas ellas inicialmente adjudicadas al Consorcio Tierra Blanca y cuyos contratos debieron ser resueltos por SEDAPAR tras alcanzar el límite máximo de penalidades. La principal causa de la parálisis en los cuatro casos es la falta de conclusión de las obras civiles en las cámaras de válvulas, la infraestructura base requerida para la instalación y puesta en marcha de los macromedidores. 

En todos los proyectos, solo se ejecutaron partidas menores o provisionales, dejando sin culminar los trabajos de concreto armado, instalaciones sanitarias y, fundamentalmente, las instalaciones eléctricas esenciales.

La segunda  falla que encontró la unidad contralora es la fijación de plazos irrazonables para la adquisición de los macromedidores. SEDAPAR estableció plazos irrisorios de apenas 10, 21 o 30 días, cuando se constató que el tiempo de fabricación e importación real de estos equipos oscila entre 11 y 13 semanas. Esta omisión de la realidad del mercado internacional generó un riesgo inminente de retraso en la entrega de los equipos, incluso después de la reactivación de las obras.

Proyectos paralizados 

De acuerdo con el informe de la Contraloría, en Camaná no se concluyeron las obras de la cámara de válculas.

El proyecto de adquisición de medidor de caudal en Camaná, valorizado originalmente en S/ 717 mil 068.71 y con un plazo de 150 días, se paralizó tras un avance del 80.15%. La inspección física posterior reveló graves deficiencias, como el piso de la cámara sin enlucido ni impermeabilizante, el techo con cuatro espacios abiertos sin tapas de carpintería metálica, la ausencia de la llave de apertura y cierre en dos válvulas mariposa y la falta de iluminación y rejilla en el filtro de drenaje.

Además de las válvulas, en Majes faltan alboles hidráulicos e instalaciones eléctricas.

La obra en El Pedregal, que ascendía inicialmente a S/ 945 mil 660.43 (el mayor presupuesto), se detuvo con un avance del 79.19% en un plazo de 180 días calendario. Aquí, la parálisis fue agravada por múltiples deficiencias e incompatibilidades en el expediente técnico inicial. Esto obligó a modificar la ubicación de la cámara y reconfigurar sistemas eléctricos y de alcantarillado. 

El mismo panorama se encontró en las obras que se realizaban en el distrito de Yauca.

El proyecto de Yauca, valorizado en S/ 176 mil 753.55 y con un avance de solo el 56.1% en un plazo de 90 días, también presentó una cámara de concreto armado incompleta, faltando, entre otros elementos, las instalaciones eléctricas esenciales. El OCI advirtió que su expediente técnico inicial contenía discrepancias en el área proyectada de la cámara, traslapes en el acero y falta de precisión en planos sobre elementos como la escalera marinera y el sistema de ventilación.

Y en Atico tampoco se culminaron las obras de las cámaras de válculas.

Finalmente, la obra en Atico, con un presupuesto de S/ 480,221.97, registra el menor avance físico, paralizado en apenas el 38.5%. A las deficiencias civiles y los plazos irrazonables, se sumó la grave deficiencia de la falta de obtención de licencia social. Pues SEDAPAR no presupuestó una partida para la concientización social, generando conflictos con los pobladores que impidieron la ejecución de partidas cruciales.

Expedientes inflados 

Los expediente de saldo de obra muestran incrementos que podrían indicarse como sobrevalorado. En Majes pasó de casi S/ 26 mil a más de S/ 351 mil.

El impacto más crítico de esta negligencia recae en las finanzas de la empresa. Para destrabar los cuatro proyectos, los nuevos expedientes técnicos de saldo de obra han disparado sus costos, sumando una diferencia total de S/ 605 mil 247.41 respecto a lo que se había proyectado inicialmente para el saldo de las obras en 2023.

El proyecto en Camaná tenía un saldo de obra valorado en S/ 142 mil 143.92 en 2023, pero este se elevó a S/ 203 mil 898.48, lo que implica un incremento de S/ 61 mil 754.56. El caso de El Pedregal es el más dramático: el saldo de obra previsto en 2023 era de solo S/ 25 mil 938.41, pero ahora el expediente se ha disparado a S/ 351 mil 397.05, lo que representa una diferencia de S/ 325 mil 458.64, el mayor sobrecosto de los cuatro proyectos.

En Yauca, el expediente de saldo de obra pasó de S/ 71 mil 092.06 a S/ 166 mil 078.01, una diferencia de S/ 94 mil 985.95. Por último, en Atico, donde la paralización es más profunda, el saldo de obra se incrementó de S/ 295 mil 105.65 a S/ 418 mil 153.91, registrando un aumento de S/ 123 mil 048.26.

Responsabilizan a terceros 

Henry Bellido afirmó que tanto a la constructora como a la supervisora se les penalizó con 10% del proyecto.

Henry Bellido Morales, gerente de Ingeniería de SEDAPAR, respondió a Revelación.pe tras los hallazgos de la Contraloría. Explicó la larga cadena de interrupciones que han llevado a la realización de los expedientes de saldo. El funcionario detalló que los atrasos se originaron desde la etapa inicial, con «hasta tres declaraciones de nulidad» en los procesos de selección para elaborar los expedientes técnicos. 

Posteriormente, la licitación para la ejecución de las obras tuvo que resolverse debido al incumplimiento del contratista, Consorcio Tierra Blanca, por continuas demoras imputables que superaron el 10% de las penalidades permitidas por la norma. Precisó, además, que el contratista fue supervisado y, por las dilaciones que provocaron que gran parte de las obras civiles quedaran truncas, tanto la empresa ejecutora como la supervisión de la obra fueron penalizadas, con sanciones siempre de carácter económico que ascendieron al máximo permitido por ley, el 10%.

Respecto al significativo incremento de más de medio millón de soles en los presupuestos de los expedientes de saldo de obra entre 2023 y 2025, el gerente de Ingeniería justificó la diferencia. Bellido Morales explicó que el aumento obedece estrictamente a «temas de actualización de costos» y «variación de costos», no a un cambio en la tecnología ni en el alcance de las partidas pendientes.

Para el destrabe final de los proyectos, el gerente de Ingeniería reveló un cambio en la estrategia de ejecución. SEDAPAR ha decidido asumir directamente la adquisición de los macromedidores, dejando de sacarlo a licitación como una obra. «Nosotros mismos estamos ejecutando la compra de los macromedidores y después nosotros la vamos a instalar. En este momento está publicado», afirmó Bellido. Y aseguró que la compra de los equipos ya está en curso para superar el cuello de botella que generaron los plazos irrazonables para la importación.

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