Por Henrry Torres Delgadillo – Especialista en Gestión de Riesgos
El Ministerio del Interior puso en marcha el Sistema Nacional de Videovigilancia con Inteligencia Artificial para pasar —como enfatizó el propio sector— “de la reacción a la prevención”. La apuesta combina analítica avanzada con integración operativa: 107 comisarías conectadas a más de 3,200 cámaras municipales ubicadas en zonas de alta incidencia delictiva. El objetivo es claro: que la Policía Nacional cuente con alertas tempranas, reconocimiento facial de presuntos delincuentes y lectura de placas para detectar vehículos involucrados en delitos. La tecnología, por sí sola, no es un fin; es un multiplicador cuando se orienta a decisiones rápidas y coordinadas.
El plan nace con gobernanza compartida. Participaron alcaldes distritales y provinciales —22 gobiernos locales de Lima Metropolitana y 10 de Lima Provincias— porque la clave está en sumar la infraestructura municipal al “cerebro” policial. Sin esa interoperabilidad, cada ciudad terminaría con su propia isla tecnológica, costosa e ineficaz. Con ella, en cambio, se crea una red que permite ver patrones, cruzar señales y enviar patrullas con criterio de riesgo, no por inercia.
La hoja de ruta incluye inversión y estándares. El programa Perú Seguro prevé recursos por 37.7 millones de soles para integrar cámaras, tableros y protocolos; pero el éxito dependerá de tres condiciones operativas: mantenimiento 24/7 (para que la red no se “apague” por fallas previsibles), calidad de datos (modelos bien entrenados, con umbrales de alerta calibrados) y cadena de respuesta (quién atiende, en cuánto tiempo y cómo queda trazado cada caso). La IA no reemplaza criterios; los ordena y los acelera.
También hay un mensaje institucional: la seguridad es una misión constitucional que exige coordinación real entre comisarías y municipios. La mesa de diálogo convocada por el Mininter no fue un gesto, sino el punto de partida para exigir metas verificables: reducción de tiempos de atención, identificación de bandas por patrones de movilidad y disminución de delitos en cuadrantes priorizados. Si la plataforma muestra resultados en el corto plazo, la confianza ciudadana acompañará.
La decisión es correcta y llega a tiempo. Para consolidarla, se requiere transparencia (tableros públicos con indicadores), auditorías periódicas del desempeño algorítmico y capacitación continua a operadores municipales y policiales. El país no puede permitirse más esfuerzos fragmentados: una sola red, una sola bitácora de incidentes y una sola versión de los hechos. Con IA bien gobernada, la PNP deja de “correr detrás” del delito y empieza a anticiparlo. Esa es la diferencia entre promesa y política de Estado.
