El canon minero, pensado para transformar las regiones, se ha convertido en un espejo de la incapacidad pública. Pese a los millones que recibe Arequipa por tributos mineros, los pueblos siguen esperando servicios básicos. Expertos y dirigentes coinciden en que el verdadero problema no está en la falta de dinero, sino en la falta de preparación y ética de quienes lo administran.
En Yarabamba, un distrito con apenas mil habitantes, se levanta un estadio de seis millones de soles. Fue inaugurado hace más de una década con bombos y platillos, pero hoy luce como un elefante blanco en medio de la nada. Mientras el césped se marchita, los vecinos siguen sin agua potable ni desagüe. Es el reflejo de cómo se gasta el dinero del canon minero sin criterio ni planificación.
El Gobierno Regional de Arequipa recibió este año más de 299 millones de soles en tributos de la minería formal, pero su impacto es casi invisible. Para el politólogo Carlos Timaná Kuré, el problema está en el copamiento del Estado por funcionarios sin preparación. “Pocas autoridades llegan al poder por vocación. La mayoría ve la política como una inversión que deben recuperar con el presupuesto público”, advierte.
El dirigente Jorge del Carpio Lazo, voz crítica desde la sociedad civil, señala que el dinero del canon se pierde en la corrupción y la colusión con empresas mineras. “A nosotros no nos compran con regalías. Nos interesa la vida, no el dinero”, sostiene con firmeza.
El abogado Nilson Flores Suárez y el consejero regional César Huamantuma Alarcón coinciden: la solución pasa por una mejor capacitación de los gobernantes y la identificación previa de proyectos que realmente cierren brechas sociales. Sin planificación ni transparencia, el canon seguirá siendo un sueño frustrado para miles de peruanos.
