El Presupuesto Público 2026 refleja una tensión entre el discurso oficial y la realidad de las cifras. Mientras el Ejecutivo asegura que busca fortalecer los servicios y la infraestructura del país, el documento aprobado muestra un crecimiento de 12% en planillas y beneficios sociales, frente a una reducción del 13% en proyectos de inversión. Así, más de 93 mil millones de soles se destinarán a mantener al personal estatal, el doble de lo que se invertirá en infraestructura.
El presupuesto aprobado asciende a S/ 257 562 millones, apenas un 2,2% más que en 2025. El Ejecutivo lo presenta como un esfuerzo por impulsar la obra pública, pero la comparación de cifras lo desmiente: mientras los recursos para sostener la planilla del Estado superan los S/ 93 mil millones, los destinados a proyectos apenas superan los S/ 50 mil millones. En otras palabras, el gasto corriente se impone sobre la inversión productiva.
El Ministerio de Economía y Finanzas, junto a la Sunat, defiende esta estructura alegando un déficit fiscal generado por la baja recaudación. Sin embargo, el análisis de la Asociación de Contribuyentes del Perú revela que el verdadero peso recae en los compromisos salariales, beneficios sociales y rescates financieros a empresas estatales como Petroperú. A esto se suma el aumento de pensiones de hasta S/ 3 300 para maestros jubilados, sin una reforma de fondo que ordene la carrera pública.
A la contradicción fiscal se añade la reciente reglamentación de la nueva Ley de AFP. El MEF sostiene que busca aliviar el déficit, pero la norma traslada al Estado la obligación de cubrir pensiones que las administradoras no podrán garantizar. Con trabajadores independientes que apenas superan ingresos de S/ 1 500 mensuales, el Tesoro asume los riesgos mientras las AFP aseguran nuevas fuentes de cobro.
El resultado es un presupuesto que, lejos de priorizar crecimiento o inversión, consolida un aparato estatal cada vez más costoso y con servicios que no mejoran en la misma medida. El discurso oficial insiste en la responsabilidad fiscal, pero las cifras demuestran que el gasto corriente continúa desbordando al país, hipotecando su capacidad para generar desarrollo sostenible.
