El Ministerio Público de Arequipa puso el ojo en la comisaría de Santa Marta, luego de que 15 personas fueran liberadas tras ser detenidas durante un desalojo en la casona ubicada en la calle Jerusalén, donde operaba la discoteca LGTB Imperio Freetown. El hecho ocurrió el pasado 26 de agosto y generó gran controversia por las demoras en los procedimientos judiciales.
Según la Fiscalía, los actuados policiales fueron enviados con retraso crítico. La documentación llegó apenas diez minutos antes de que venciera el plazo máximo de detención preliminar del primer arrestado, lo que compromete la legalidad del procedimiento.
El Poder Judicial de Arequipa ordenó la liberación de los detenidos luego de la audiencia de control de legalidad realizada el 27 de agosto a las 18:00 horas. La Fiscalía sí presentó en esa ocasión la disposición para iniciar la investigación preparatoria y solicitó prisión preventiva contra los implicados.
Este operativo de desalojo puso fin a un litigio de ocho años por la propiedad del inmueble en el Cercado de Arequipa. La intervención se desarrolló en un contexto de violencia: un grupo de aproximadamente 15 personas, entre ellos extranjeros, se atrincheró en la casona y lanzó bombas molotov contra las autoridades, lo que motivó su detención inmediata por flagrancia.
La propietaria del local, representada por la abogada Carelia Encalada, explicó que el inquilino dejó de pagar el alquiler después de solo dos meses y que su permanencia se convirtió en ocupación ilegal. Además, denunció que la ejecución de la orden de desalojo emitida en junio se vio obstaculizada por actos violentos que pusieron en riesgo la seguridad de la zona.
Previamente, el Poder Judicial había señalado que la liberación de un primer grupo de detenidos se produjo porque la Fiscalía no presentó el recurso de apelación dentro del plazo legal de 48 horas, excediéndose en casi tres horas el tiempo permitido de detención conforme a ley.
Los liberados enfrentan acusaciones por presuntos delitos de desobediencia agravada y peligro común. La decisión sobre la medida coercitiva solicitada por la Fiscalía queda pendiente, a la espera de que el juzgado fije una nueva audiencia específica.El Ministerio Público insistirá en su pedido de prisión preventiva en la próxima audiencia, mientras se mantiene un clima de tensión institucional entre la Policía, la Fiscalía y el Poder Judicial de Arequipa.
