Radar estratégico: Quién fiscaliza a la Policía?

Por Henrry Torres Delgadillo – Especialista en Gestión de Riesgos

La reciente compra de vehículos de lujo por parte del Ministerio del Interior para altos mandos de la Policía Nacional ha generado una ola de indignación en la ciudadanía. Mientras el país enfrenta una creciente ola de criminalidad, con extorsiones, robos y asesinatos a la orden del día, el gasto de más de S/ 2 millones en camionetas de alta gama ha sido interpretado como un golpe a la moral de una población que exige seguridad y resultados, no lujos.

Según informes periodísticos difundidos por IDL-Reporteros y La República, el lote de vehículos adquirido incluye modelos valorizados en más de S/ 270 mil cada uno. Todos destinados para el uso exclusivo de generales y altos oficiales. ¿Es este el momento adecuado para ese tipo de compras? Para muchos peruanos, claramente no.

A este malestar se suma otro hecho aún más grave: la captura de nueve agentes policiales en la región Piura, acusados de integrar una presunta organización criminal dedicada al cobro de cupos y protección a bandas delictivas. Según información del Ministerio Público, los efectivos habrían utilizado su cargo para extorsionar a comerciantes y permitir el libre accionar de grupos criminales. Empañando así la imagen de la institución que juraron defender.

En un país donde el 85% de la población cree que la inseguridad es el principal problema —según la última encuesta de Ipsos Perú— estos hechos son una afrenta directa a la confianza ciudadana. No se trata solo de una mala decisión administrativa o de «manzanas podridas»; estamos ante síntomas de un problema estructural: la falta de control interno efectivo y la desconexión entre las prioridades del Estado y las necesidades reales del pueblo.

Mientras en los barrios más vulnerables las familias viven con miedo y los patrulleros no tienen gasolina, se destinan recursos a vehículos blindados para oficiales que rara vez pisan las calles. Y cuando se descubren bandas criminales dentro de la misma institución, el mensaje que recibe el ciudadano es devastador: ¿quién nos protege de quienes deberían protegernos?

Es momento de exigir transparencia, rendición de cuentas y una verdadera reforma policial, no solo en el discurso, sino en las decisiones concretas. Porque la seguridad no se gana con camionetas de lujo, sino con integridad, trabajo en el campo y respeto al uniforme.