El periodismo debe centrarse en dos premisas básicas: la búsqueda de la verdad y el interés público.
Cuando se publicó el primer reportaje que advierte sobre los bonos de lujo que se incrementaron en la Universidad Católica de Santa María, bajo la actual gestión de Jorge Cáceres Arce, sus directivos dieron el grito al cielo. Han amenazado a este medio con iniciar medidas legales solo por evidenciar la verdad. Una que existía, pero que nadie —o muy pocos— conocían.
Quizás estos mismos directivos, empezando por el propio rector Cáceres Arce, no eran conscientes del peso económico que significan para una casa de estudios que nació y debería continuar teniendo el espíritu de ser sin fines de lucro.
Si S/ 10.8 millones de soles en bonos, del presupuesto del 2025, les parece poco, entonces estamos frente a autoridades indolentes. Quienes, en lugar de promover las mejoras en la educación de sus estudiantes, están haciendo un verdadero despilfarro con el dinero de las pensiones y otros ingresos con los que cuenta La Cato.
En la primera ocasión acusaron a este medio de promover la inseguridad hacia sus autoridades universitarias al publicar las cifras de sus sueldos. Sin embargo, esta es información que ellos mismos publican y que al fin y al cabo es de interés público. Hablamos de decenas de miles de estudiantes, egresados y padres de familia que tienen el derecho de conocer en qué se gastan la plata las autoridades que deberían reinvertir las pensiones que se pagan.
¿Qué debería opinar la comunidad universitaria si notan que aunque sus autoridades ven que su superavit — o en términos más fáciles, su ganancia anual— va a la baja, deciden aumentarse sus bonos?
En carta enviada a este medio aseguran que nadie les ha reclamado nada.
¿Es ese pretexto para seguir despilfarrando la plata en bonos al personal?
Nos preguntamos, ¿qué pasan en un hogar cuando se ve que los ingresos bajan? Es tan sencillo como eso. La austeridad es un camino rápido y eficaz. Pero en La Cato, o mejor dicho, en la gestión de Jorge Cáceres Arce, parece que esa palabra no se conoce o no se quiere aplicar.
Ahora, si nos acusan de publicar sus cifras de superavit o ganancias. Nuestra respuesta es la misma: es información pública y con valioso interés público; de la comunidad universitaria a la que ellos le deben rendir cuentas.
