¿Cuál es el procedimiento ante cualquier accidente de tránsito? La lógica de cualquier ciudadano común nos dice que debería tratarse de arreglar rápidamente con tal de no caer en una comisaría y, seguramente, caer en la burocracia de nuestro sistema policial. Incluso, es algo que algunos policías de tránsito recomiendan a conductores cuando notan que el accidente es leve. La idea es ahorrarse tiempo y molestias.
Sin embargo, cuando el que choca es un vehículo oficial —o alquilado para actividades oficiales— la cosa cambia. Hay que respetar la normativa, como mínimo, porque son nuestras autoridades las que deben dar el ejemplo.
Pero eso no pasó el pasado 23 de julio, cuando la camioneta en la que se trasladaba el gobernador Rohel Sánchez, chocó por atrás a un vehículo particular.
Y aquí empezaron una serie de irregularidades y negligencias. Empezando por la máxima autoridad regional. Sánchez ni siquiera se inmuta y, en lugar de verificar y ayudar o auxiliar a las personas del carro afectado, huye. Sale del vehículo y se sube a otro para seguir su camino. Y deja a los policías de seguridad para que ellos se las arreglen solos.
Fuentes consultadas para el reportaje que publicamos hoy, advierten que obligatoriamente los efectivos de Seguridad del Estado, los policías que resguardan al gobernador Rohel Sánchez, debieron proceder de acuerdo a la normativa y al procedimiento policial. Esto, en resumen, debió ser: Convocar a un policía de Tránsito o cualquier patrullero de la comisaría de Cerro Colorado para que haga la intervención. Además, los dos conductores pasar dosaje etílico y luego realizar un peritaje y seguir el procedimiento de acuerdo a la gravedad de los hechos.
Por ahí alguien podría señalar: Pero no fue grave, arreglo y me voy.
Eso para nuestras autoridades no cuadra. ¿Qué pasaba si el conductor del vehículo oficial o del chocado daban positivo al dosaje etílico? El tema era grave. Por eso, al no haber registro, al no haber seguido el procedimiento regular, los efectivos de Seguridad del Estado, y hasta el propio gobernador Sánchez, están en falta e incluso envueltos en un posible delito de encubrimiento y omisión de funciones.
Lo que pasó es muestra de la informalidad que está enquistada en nuestra sociedad y en nuestras autoridades. Quienes deben ser ejemplo de civismo y de cumplimiento de la ley, son los primeros en saltarsela o en mirar hacia otro lado.
Desde esta redacción esperamos que el gobernador pueda brindar una explicación coherente y anuncie acciones concretas. Y, si fuera posible, pedir disculpas a la ciudadanía. Es claro el mal ejemplo que está dando.
