En su último mensaje a la Nación, la presidenta Dina Boluarte apenas mencionó la minería ilegal seis veces. Sin anunciar medidas concretas ni reconocer su vínculo con el crimen organizado. Este silencio ha generado críticas, especialmente porque el Congreso —donde tiene aliados con intereses mineros— ha promovido leyes que debilitan la fiscalización y amplían los beneficios a mineros informales. Mientras tanto, la ciudadanía percibe que el gobierno da la espalda a una de las amenazas más graves para la seguridad y el ambiente: la minería ilegal.
La omisión de la presidenta Dina Boluarte respecto a la minería ilegal no fue casual ni pasó desapercibida. Durante su extenso discurso, mencionó el tema solo en seis ocasiones, equiparando en frecuencia los términos “minería ilegal” y “pequeños mineros artesanales”. Ninguna alusión concreta al poder de las mafias que controlan el negocio del oro en regiones como Madre de Dios o La Libertad. Ninguna propuesta nueva. Solo una referencia genérica a una estrategia nacional hacia el 2030 y a operativos previos que, según dijo, afectaron a organizaciones criminales por más de 181 millones de soles.
Para muchos analistas, ese enfoque tibio tiene un trasfondo político evidente. Boluarte mantiene el respaldo de un Congreso que ha legislado sistemáticamente en favor de intereses mineros. Los mismos que han aprobando normas que facilitan la continuidad de la minería informal y debilitan la fiscalización ambiental. La Ley 31973, por ejemplo, extendió los plazos de formalización. Otras normas flexibilizaron el transporte de insumos químicos, recortaron el presupuesto de interdicción y obstaculizaron el seguimiento financiero del dinero proveniente del oro ilegal.
La poca voluntad del Ejecutivo para confrontar el problema se confirma también en la rápida promulgación de estas leyes. Las que son consideradas por expertos como un retroceso de una década en la lucha contra la minería ilegal. Organizaciones sociales y ambientales han advertido que la anunciada Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE), actualmente en debate, podría abrir aún más las puertas para que mafias se camuflen como “formalizables”, reduciendo exigencias ambientales y legales.
Este contexto legislativo y la inacción del gobierno refuerzan la percepción de un pacto tácito entre el Ejecutivo y sectores que lucran con la informalidad. Según Ipsos, el 81 % de peruanos considera a la minería ilegal una amenaza para la seguridad nacional. Sin embargo, ni el Congreso ni la presidenta parecen actuar en consecuencia. En su último año de gestión, Boluarte ha optado por el silencio, dejando el terreno libre a economías ilegales que no solo destruyen el ambiente, sino también la confianza ciudadana en sus autoridades.
