Manuel Aco Linares, exalcalde investigado por corrupción, aseguró en audiencia que no intentaría regresar al cargo. Esa declaración fue clave para que la jueza Janet Lastra no agravara sus restricciones. Sin embargo, días después presentó un escrito ante el Jurado Nacional de Elecciones solicitando su reincorporación como autoridad, contradiciendo lo dicho. La fiscal Marita Cueva aún no apela la decisión judicial, lo que ha generado alarma entre especialistas que ven en esta inacción una vía directa hacia la impunidad.
Durante la audiencia del 17 de julio, transmitida por el Poder Judicial, Manuel Aco, mediante su abogado, expresó que no tenía intención de retornar a la alcaldía de Yarabamba. Esta declaración pesó en la decisión de la jueza Janet Lastra, quien optó por mantener las restricciones actuales sin ampliarlas. No obstante, apenas días después, el exalcalde solicitó formalmente al Jurado Nacional de Elecciones su reposición en el cargo. Un acto que especialistas califican como contradictorio y con potencial fraude procesal.
Además del sorpresivo pedido, Aco denunció a la jueza Lastra y a la fiscal Marita Cueva por presunto abuso de autoridad. Y exige que se abra una investigación en su contra. Este giro procesal, lejos de ser una simple formalidad, podría abrir un nuevo frente legal mientras se mantiene activo el proceso penal por corrupción en su contra. Sin una apelación por parte del Ministerio Público, el exalcalde podría volver a ejercer funciones, pese a estar bajo la lupa judicial.
Hasta la fecha, la fiscal Cueva no ha presentado apelación a la resolución que permitió mantener sin cambios las restricciones contra Aco. Esta pasividad ha sido criticada duramente por juristas y sectores ciudadanos que exigen acciones inmediatas para evitar que un funcionario investigado regrese al cargo. Si no se actúa, advierten, se estaría habilitando el retorno al poder de un personaje que ya confesó actos de corrupción durante su gestión.
El presidente de la Junta de Fiscales Superiores de Arequipa, Hugo Ramos Hurtado, tampoco ha ofrecido declaraciones sobre el caso, a pesar de su relevancia. Mientras tanto, crece la preocupación por el posible mensaje institucional de tolerancia frente a la corrupción, en una región donde la lucha contra este delito sigue enfrentando barreras legales y silencios que protegen a los mismos de siempre.
