La minería artesanal y de pequeña escala (MAPE) en el Perú representa una actividad económica vital para miles de familias. Especialmente en regiones como Arequipa, donde el trabajo minero informal tiene una larga tradición. Sin embargo, la exclusión reciente de más de 55 mil operadores del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) ha generado preocupación en distintos sectores. En Arequipa, alrededor de 12,104 mineros fueron retirados del proceso, lo que representa una de las cifras más altas a nivel nacional. Las principales razones son técnicas y normativas detrás de estas exclusiones.
Uno de los principales factores que condujo a la suspensión del Reinfo fue el incumplimiento de los mineros en presentar su declaración semestral de producción, exigida por el Ministerio de Energía y Minas (MINEM). Esta declaración permite verificar la existencia de actividad productiva, el tipo de mineral explotado y la localización de la operación. En muchas provincias de Arequipa, como Caravelí, Camaná y Condesuyos, se registraron altos niveles de omisión en este requisito.
Otro factor determinante fue la falta de un Instrumento de Gestión Ambiental (IGA). Documento obligatorio que acredita que la actividad minera cuenta con medidas adecuadas para mitigar impactos negativos en el entorno. Lo cual derivó en su exclusión automática del Reinfo (Ministerio de Energía y Minas, 2024).
Asimismo, se detectó que varios mineros operaban en zonas no permitidas, como áreas naturales protegidas, zonas arqueológicas o concesiones ajenas sin autorización formal. Esta situación, verificada mediante herramientas geoespaciales, representa una transgresión directa a la normativa ambiental y minera vigente. Por lo que el MINEM procedió con la suspensión de registros.
La falta de vínculo contractual con el titular de la concesión donde se realizaba la actividad fue otro criterio relevante. Sin un contrato válido de explotación, cesión o arrendamiento, los mineros no podían acreditar legalmente su derecho a operar en la zona. A ello se suma la inactividad sostenida de algunas unidades mineras, que no desarrollaron labores por más de dos años. Lo cual constituye causal de exclusión según el marco normativo.
La exclusión de miles de mineros pone en evidencia los problemas estructurales del proceso de formalización. Si bien la normativa busca ordenar la actividad minera, muchas veces no considera las dificultades reales de los pequeños productores, como la falta de acceso a información técnica, el alto costo de estudios ambientales o la ausencia de asesoría legal. Además, el diseño del Reinfo no ha sido suficientemente flexible para adaptarse a realidades regionales diversas, lo que afecta especialmente a comunidades rurales o alejadas, como las de Caravelí.
Por otro lado, la informalidad no desaparece con la suspensión del registro; al contrario, muchos mineros continúan operando de manera ilegal, quedando expuestos a procesos de interdicción y criminalización.
La exclusión de más de 12,000 mineros en Arequipa del Reinfo evidencia tanto el incumplimiento de requisitos técnicos por parte de los operadores como las limitaciones del enfoque estatal en el proceso de formalización.
