Más de US$ 46 mil millones en inversión minera siguen atrapados en trámites, conflictos sociales y carencias de infraestructura. La cifra equivale al 73 % de la cartera de proyectos mineros, según alertó el exministro de Economía Luis Miguel Castilla durante su exposición en el evento Minpro 2025.
Castilla no solo expuso el problema. También presentó una hoja de ruta concreta con cuatro medidas para revertir la parálisis. La primera apunta al corazón de la tramitología: integrar los más de 230 procedimientos vigentes en una sola plataforma digital que permita aprobar proyectos en un máximo de 12 meses. Hoy, la maraña burocrática puede extender ese plazo hasta siete años.
El segundo punto es fiscal. Plantea extender los Pactos de Estabilidad Tributaria para proteger a las inversiones de cambios unilaterales en tasas o regalías. Según Castilla, la incertidumbre jurídica es uno de los factores que más retrae al capital privado.
El tercer eje involucra infraestructura básica: corredores logísticos, zonas económicas con energía accesible, y servicios públicos inmediatos para las zonas de influencia minera. Sin ello, no hay impacto social tangible ni legitimidad en los territorios.
El cuarto y último punto es político. Castilla propuso institucionalizar las Mesas de Diálogo Regionales bajo protocolos de monitoreo y seguimiento. La ausencia de canales formales de negociación ha permitido que pequeños grupos bloqueen proyectos millonarios con el aval de la inacción estatal.
Según estimaciones del Instituto Videnza, si se libera la cartera minera en los próximos años, el PBI podría crecer hasta un 5 % anual, dos puntos por encima del promedio actual. Pero sin medidas urgentes, el país seguirá dejando pasar oportunidades clave para reducir pobreza y generar empleo.
Con información de Todo Minería
