El gerente regional ambiental, Fernando Martín Mejía Vargas, es investigado administrativamente por el Gobierno Regional de Arequipa (GRA). En paralelo, afronta un proceso penal por el mismo caso. Se le acusa de negligencia en el ejercicio de sus funciones, tras validar servicios que no se habrían ejecutado, lo que habría derivado en pagos irregulares por un total de 18 mil soles del erario público.
Según detalla la Resolución N.° 343-2025-GRA/GGR, que dispone el inicio de un proceso administrativo disciplinario (PAD) en su contra, Mejía Vargas habría dado conformidad a tres entregables relacionados con un servicio especializado en ingeniería ambiental sin verificar debidamente su ejecución, contraviniendo los términos de referencia contractuales. Esta omisión, de confirmarse, representaría un grave incumplimiento de sus responsabilidades.
La investigación se basa en un informe de fiscalización del consejero César Huamantuma Alarcón, quien reveló que los entregables presentados por la proveedora Lucía Pérez Acevedo fueron registrados en fechas posteriores a aquellas en que se les otorgó la conformidad. Además, se constató que la mayoría de estos documentos no cumplían con los requisitos técnicos estipulados, limitándose a la verificación de informes previamente elaborados por otros trabajadores.
“Dentro de las irregularidades encontradas, se advirtió que se habría otorgado conformidad a la orden de servicio N.° 2646-2024, pese a que aparentemente no se había prestado ningún servicio, basándose en información brindada por la Gerencia Regional Ambiental”, señala la resolución que da inicio al PAD.
De confirmarse este accionar, según la Secretaría Técnica del GRA, se transgrede el artículo 85 de la Ley del Servicio Civil (Servir), así como diversas normativas relacionadas con las contrataciones públicas. Estas leyes exigen una verificación rigurosa de la prestación efectiva de servicios antes de autorizar cualquier desembolso de fondos públicos, precisamente para evitar este tipo de irregularidades.
El informe, rubricado por el gerente general Johan Ariano Cano Pinto, concluye que el funcionario incurrió en un grave incumplimiento de su deber de diligencia, considerando que la supervisión del contrato era de su responsabilidad directa e ineludible. Como medida disciplinaria ante la gravedad de los hechos, se plantea la suspensión sin goce de remuneraciones por un periodo de hasta 365 días.
Tras ser notificado con la resolución, el funcionario cuenta con un plazo perentorio de cinco días hábiles para presentar sus descargos ante las autoridades competentes y ejercer su derecho a la defensa. Puede, además, solicitar una prórroga por el mismo plazo. Su situación dependerá de la evaluación que realice el Gobierno Regional de Arequipa.
