La minería ilegal no solo contamina el medio ambiente. También estaría contaminando la política. El fiscal superior Frank Almanza Altamirano, coordinador de las Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental (FEMA), alertó que esta actividad ilícita podría estar detrás del financiamiento de campañas electorales.
“Todo aquel que tiene poder económico busca poder político. Así que no sería extraño que el dinero de la minería ilegal financie candidaturas”, sostuvo Almanza en una reciente actividad pública.
Su afirmación coincide con los resultados de una encuesta nacional de Ipsos: el 70 % de los peruanos cree que la minería ilegal financiará las campañas del 2026. Para el 82 %, ya tiene influencia directa en el Congreso y los gobiernos regionales.
Según Almanza, el debate electoral debería incluir una posición clara sobre este problema. “Es imprescindible en las campañas”, dijo.
Sin embargo, combatir esta actividad requiere más que discursos. Almanza aseguró que la interdicción —la destrucción de maquinaria— no basta. En zonas como La Pampa o Delta 1, existen más de 5,000 dragas y cientos de retroexcavadoras. “Se destruyen diez por operativo, pero las vuelven a comprar. Con el precio del oro, la reposición es inmediata”.
El otro escudo es legal. El Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) —creado en 2012— se convirtió en salvoconducto. De los más de 80,000 inscritos, solo el 2 % se formalizó. Aunque 60,000 están suspendidos, la norma permite seguir operando sin sanción penal. “Es una exención de responsabilidad. Nos hemos opuesto a su prórroga”, afirmó.
El fiscal también denunció la precariedad de sus equipos. No hay presupuesto asignado para logística en 2025. “Necesitamos vehículos, protección, herramientas para la selva y la sierra. Pero nos han dejado con cero soles”, advirtió.
