La Contraloría General de la República ha revelado una serie de irregularidades en la Balanza Municipal del distrito de San Antonio. Una infraestructura valorizada en más de S/ 1.6 millones y adjudicada al Consorcio Balanza en febrero de 2024. Pese a que la obra fue recepcionada en agosto y ya está en funcionamiento, el informe de control advierte que varias partidas no fueron ejecutadas según el expediente técnico aprobado, lo que podría impedir la aplicación de penalidades.
Durante una inspección realizada el 25 de abril, se hallaron deficiencias constructivas evidentes. Tales como restos de alambre oxidado en el cerco perimétrico y una “cangrejera” en una columna que dejó el acero estructural al descubierto. Además, se detectó una calibración deficiente de la balanza electrónica. Esto generó reclamos de usuarios como la empresa COSAPI, que reportó diferencias de hasta dos toneladas en el pesaje.
Uno de los aspectos más cuestionables es que, para acreditar la calibración del sistema, solo se presentó un certificado emitido por SUMINCO SA. Esta es la misma empresa que vendió el equipo. No se realizó la verificación técnica con un camión pre pesado, procedimiento estándar que garantiza la precisión del instrumento de medición.
Consultado al respecto, el gerente municipal de San Antonio, Alonso Aragón, alegó que los problemas en el cerco perimétrico se corrigieron. En cuanto a la calibración, señaló que el municipio se limita a aceptar los documentos presentados por la empresa contratista. “Nosotros nos regimos a lo que presenta la empresa sobre el calibrado”, indicó el funcionario.
Sin embargo, el informe de la Contraloría cuestiona la fiabilidad del servicio y la responsabilidad de los involucrados en la ejecución de la obra. La falta de rigor técnico, tanto en la construcción como en la verificación del sistema de pesaje, afecta la confianza de los usuarios y pone en entredicho el buen uso de los recursos públicos.
La Balanza Municipal tiene un rol fundamental: permite controlar el peso de vehículos que transportan materiales, lo que ayuda a fiscalizar tributos y proteger las vías del distrito. Su mal funcionamiento, por tanto, no es un asunto menor. Se requiere una fiscalización más estricta y posibles sanciones, para evitar que este tipo de obras terminen convertidas en un gasto inútil o, peor aún, en un mecanismo de encubrimiento de malas prácticas.
