Dante Pinto, consultor en formalización minera, calificó como una «decisión desesperada» la suspensión de la minería en la provincia de Patáz, región La Libertad, luego de que el Gobierno encontrara 13 cuerpos de mineros secuestrados. El especialista denunció que el crimen organizado se ha infiltrado en la zona y criticó la falta de estrategias preventivas por parte del Ejecutivo.
El Gobierno ordenó paralizar toda actividad minera en Patáz por 30 días, con opción a extender el plazo, tras el asesinato de 13 trabajadores. La medida busca frenar la violencia en la región, pero el consultor Dante Pinto sostuvo que el decreto no resuelve el problema de fondo. En su opinión, el Estado reaccionó tarde y mal, ignorando señales claras del avance del crimen organizado en zonas mineras.
Pinto aseguró que el conflicto no se limita a disputas entre mineros, sino que refleja el control que bandas delictivas ejercen sobre territorios estratégicos. Cuestionó que el Ejecutivo no haya diferenciado entre minería formal e informal, lo que termina afectando a miles de familias que viven de esta actividad de forma legal. “No se puede combatir el crimen atacando a toda la actividad por igual”, declaró.
Según el especialista, la falta de presencia estatal, inteligencia operativa y una política seria de formalización minera han permitido que las mafias ganen terreno. Por eso, propuso un enfoque integral que incluya seguridad, apoyo técnico y soluciones económicas reales. “Mientras el Estado no actúe con firmeza, este tipo de tragedias se repetirán en otras regiones”, advirtió.
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El caso Patáz expuso la fragilidad de las zonas mineras frente al crimen organizado. Aunque la Policía continúa investigando la muerte de los trabajadores, las comunidades temen más represalias. Pinto remarcó que la única salida es que el Gobierno enfrente el problema con decisión y deje de improvisar medidas que solo generan más pobreza y caos.