La minería ilegal dejó de ser un problema local o nacional y se convirtió en uno de preocupación continental y mundial. La minería ilegal —sobre todo la de oro— genera impactos, muchas veces irreversibles, en las comunidades indígenas. También en la biodiversidad y la estabilidad social del continente, con predominio en Perú, Nicaragua, Venezuela, Brasil y Bolivia. Esto según la Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Existen informes sobre la contaminación con mercurio en ríos, con niveles alarmantes. Y también son conocidos los efectos devastadores en el medio ambiente, los ecosistemas y las comunidades campesinas y nativas. Cabe resaltar que el Perú se adhirió al convenio de Minamata en el 2013, y desde entonces la minería formal no utiliza mercurio en sus procesos. Sin embargo, existe tráfico de este insumo químico que llega a nuestro país y lo utilizan en la minería ilegal.
En la Amazonía, la minería ilegal destruye áreas naturales protegidas (ANP) y otros ecosistemas. Por ejemplo, en Madre de Dios, la deforestación alcanzó valores históricos. Entre 2017 y 2018: se perdieron más de 18 mil hectáreas en Madre de Dios y en las zonas colindantes con Cusco y Puno.
La causa es el uso desmesurado de mercurio. Esa sustancia degrada el medio ambiente con los relaves que inundan los ríos y, al mismo tiempo, contaminan y matan a las especies de peces, que son alimento de las poblaciones amazónicas, según el estudio Minería ilegal en áreas naturales protegidas, del ahora desactivado programa de USAID.
Tampoco deja de preocupar la violencia que crece alrededor de esta actividad ilegal. Se sabe que, en 2017, Madre de Dios tuvo una tasa anual de homicidios de 46,6 muertes por cada 100.000 habitantes, valor mucho mayor que el promedio nacional de 7,8 muertes. Mientras tanto, en Puno se presentó la mayor cantidad de denuncias por trata de personas.
