Por Augusto Santillana. Abogado y analista político
Se desborda la criminalidad en Arequipa. Los sicarios y marcas hacen de las suyas. Al parecer nada detiene la ola delictiva en nuestro país. Se tiene que tomar medidas urgentes, ninguna de las que se están aplicando dan resultados.
Hace poco se aprobó la ley que permite a los serenos usar armas no letales, pero no es función de los serenos la lucha contra la criminalidad. Los delincuentes o los sicarios tiran a matar, no tienen respeto por la vida humana, el afán de dinero es lo único que les interesa. Los serenos están para apoyar a los policías en operativos o emergencias cotidianas. Es la Policía la que tiene todas las competencias para velar por el orden interno y la lucha frontal contra la criminalidad. En Lima y Callao se mantiene el estado de emergencia y las Fuerzas Armadas han salido a patrullar las calles para reducir el incesante auge del crimen. Pero vemos todos los días noticias de asaltos, extorciones, homicidios en lamentable incremento.
El Congreso ha aprobado una modificación al D. L. 1186, que regula el uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional del Perú y ahora les permite usar sus armas de fuego en casos de flagrante delito. En los casos de flagrancia, “cuando se utilicen armas de fuego, armas letales inoperativas, armas falsas u otros elementos de evidente peligrosidad, que pongan o hagan presumir al efectivo policial que su vida o la de otra persona se encuentran en grave riesgo, este último puede abatir al agresor en el lugar de los hechos, considerándose esta acción como defensa propia”. Cualquiera diría que esa es una facultad inherente a la labor del policía que expone su vida a diario. En verdad es así, pero ahora se precisa con claridad que el policía no será procesado cuando utilice su arma y tendrá más decisión en sus acciones sin que sea una “licencia para matar”. Pero estas son acciones de campo, de ejecución y lo que se necesita es inteligencia e investigación para hacer retroceder al crimen.
Y eso es responsabilidad del Poder Ejecutivo. No puede la presidenta seguir escudándose en las falencias en el Ministerio Público o en el mal accionar de algunos jueces. Si habrá casos en que pueden tener responsabilidad funcional, pero es la Policía la que debe liderar esta lucha interna. A simple vista se puede ver lo mal preparada que esta la Policía. A la carencia de más efectivos policiales, se suma la precariedad de su equipamiento, de sus instalaciones, de la serie de limitaciones que tiene la institución. Por eso, ha caído bien en la ciudadanía la decisión del Congreso, de declarar en emergencia a la Policía Nacional. Es urgente dotarle de más recursos para que propongan mejores acciones y estrategias que confronte con éxito a la delincuencia.
En la última actualización del índice de criminalidad mundial, Perú se posicionó en el puesto 10 de los países más inseguros, según datos de la plataforma global Numbeo. Este avance negativo resulta alarmante, ya que en 2015 el país ocupaba el puesto 40, lo que representa un deterioro sostenido en la percepción de seguridad durante la última década.
Es claro que el derrotero es fortalecer las acciones de inteligencia policial, la investigación criminal, que se basa en la inteligencia operativa. Ubicar, identificar, detener a los peces gordos, a las células delincuenciales. Asimismo, limpiar de malos elementos a la Policía Nacional; una institución gangrenada por la corrupción. Se ha visto varios casos donde están comprometidos miembros de la Policía con esta plaga.
Aparte no ayuda que la presidenta —que se mueve a nivel de lo más elemental, que habla y habla pero si le quitan el “telepromter” hace mutis total— demoró más de cuatro meses en aprobar la ley que reponía la detención preliminar. Y que al contrario de lo que se necesita, de la mano con el Congreso, le hace el juego al crimen organizado. La eliminación de la DIVIAC es un claro ejemplo de ello.
