Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña, futbolistas de Alianza Lima, emitieron pronunciamientos públicos luego de la denuncia por presunto abuso sexual registrada tras el amistoso ante Colo Colo, disputado en Uruguay por la Serie Río de La Plata 2026. Los comunicados, difundidos a través de redes sociales, marcan el primer posicionamiento conjunto de los jugadores frente al caso.
Zambrano señaló que rechaza cualquier forma de violencia contra la mujer y negó de manera expresa que exista una imputación delictiva en su contra. Además, afirmó que la difusión de versiones parciales o inexactas ha generado una exposición mediática que le ha ocasionado perjuicios personales y profesionales. En ese sentido, indicó que se pone a disposición de las autoridades para colaborar con el esclarecimiento de los hechos.
En la misma línea, Miguel Trauco rechazó “de forma categórica” cualquier imputación delictiva atribuida en su contra. El defensa explicó que decidió guardar silencio en una primera etapa para informarse formalmente sobre el contenido de la denuncia y expresó su confianza en que las diligencias se desarrollarán con rigor y seriedad.
Sergio Peña, por su parte, manifestó su rechazo a toda forma de violencia contra la mujer y negó las acusaciones en su contra. Asimismo, señaló que colaborará con las autoridades competentes y que confía en que el proceso se conducirá conforme a derecho.
Estos pronunciamientos se producen después de que Alianza Lima anunciara la separación indefinida de los tres jugadores, al considerar que se incurrió en una falta grave a las normas internas durante una concentración internacional. La institución precisó que la medida es independiente del desarrollo de las investigaciones judiciales.
Desde la dirigencia, el gerente deportivo Franco Navarro indicó que el plantel no ha evaluado renuncias y remarcó que el club no tolera actos de indisciplina. Además, señaló que el grupo busca mantener la unidad en medio del impacto generado por el caso.
En el ámbito legal, especialistas han advertido que la denuncia deberá resolverse en la jurisdicción uruguaya, al tratarse del lugar donde habrían ocurrido los hechos, escenario que mantiene abierto el proceso a la espera de nuevas diligencias.
