A casi una década del incendio que sacudió a Lima, la justicia cerró uno de sus capítulos más duros. La ratificación de condenas contra los responsables del caso Las Malvinas no solo revive la tragedia, sino que instala un precedente penal inédito frente a la explotación laboral extrema. La decisión llegó desde la segunda instancia y lleva la firma de la Fiscalía Superior Especializada en Delitos de Trata de Personas de Lima.
El fallo confirmó la responsabilidad penal de Jonny Coico Sirlopú y Vilma Zeña Santamaría por trata de personas agravada con fines de explotación laboral y esclavitud. Coico recibió 35 años de prisión y Zeña, tras un prolongado proceso de apelación, quedó con una condena firme de 32 años. La sentencia es histórica: nunca antes se había confirmado en el Perú una condena por esclavitud laboral.
La investigación fiscal retrató un escenario de encierro y sometimiento. Los jóvenes trabajaban bajo llave dentro de un contenedor metálico, sin ventilación ni servicios básicos, desde la mañana hasta la noche. Armaban luminarias de manera manual por 25 soles diarios, en condiciones marcadas por el miedo y la informalidad absoluta. El objetivo era claro: maximizar ganancias mediante la falsificación y el engaño comercial, anulando cualquier derecho laboral.
El 22 de junio de 2017, el fuego convirtió ese sistema clandestino en una trampa mortal. Durante cinco días ardió la galería Nicolini, mientras las imágenes de Jovi Herrera y Jorge Luis Huamán pidiendo auxilio recorrieron el país. No pudieron escapar. Estaban encerrados. La sentencia también fijó reparaciones civiles cercanas al millón de soles y prohibió a los condenados contratar con el Estado. Sin embargo, el cierre del caso sigue incompleto: Vilma Zeña permanece prófuga. El Estado ofrece una recompensa por su captura, mientras las familias aún esperan que la justicia se concrete del todo.
