La Primera Fiscalía Superior Penal de Lima Este confirmó el archivo definitivo de la denuncia que Juan José Santiváñez presentó contra integrantes del programa periodístico Punto Final, al concluir que no existió el delito de marcaje o reglaje denunciado por el entonces ministro. Según la resolución fiscal, las actividades realizadas por los periodistas carecen de relevancia penal y se enmarcan en el ejercicio legítimo de la libertad de información.
De acuerdo con el documento, el Ministerio Público determinó que el seguimiento efectuado para el reportaje titulado “Con quiénes se reúne Santiváñez en Palacio” respondió a fines estrictamente informativos y abordó asuntos de interés nacional. En ese sentido, la fiscalía subrayó que la captación de imágenes y registros audiovisuales se realizó en espacios abiertos y de libre tránsito, sin vulnerar derechos fundamentales ni configurar conductas delictivas.
La disposición fiscal también desestimó los argumentos presentados por Santiváñez, quien sostuvo haber recibido supuestas amenazas y llamadas de números desconocidos en los días previos a la emisión del reportaje. No obstante, el exministro no aportó registros, audios ni documentos que acreditaran tales afirmaciones. Por el contrario, señaló una presunta pérdida de información de su teléfono móvil, hecho que fue considerado insuficiente para sustentar la denuncia.
En su análisis, la fiscalía evaluó las diligencias practicadas y concluyó que no se identificaron elementos propios de una acción de reglaje, como el uso de armas, vehículos sospechosos o planes de ataque. Asimismo, precisó que el registro de desplazamientos y reuniones de un funcionario público, cuando se realiza con criterios periodísticos, no constituye un acto criminal.
El archivo definitivo alcanza a Mónica Cecilia Teresa Delta Parodi, Juan Artemio Subauste Gildemeister, Carlos Andrés Hidalgo Rojas, Jorge Víctor Ramírez Nolasco, José Antonio Aguirre Pelosi y otras personas en proceso de identificación. Con esta decisión, el Ministerio Público reafirmó que la labor periodística en espacios públicos, orientada a informar a la ciudadanía, se encuentra protegida por la Constitución y no puede ser criminalizada mediante denuncias sin sustento probatorio.
