La provincia de Pataz, en la región La Libertad, concluyó el año 2025 sumida en un nuevo episodio de violencia criminal que empañó las celebraciones de Año Nuevo. Durante la noche del 31 de diciembre, se reportó una incursión armada en la bocamina conocida como «Papagayo», ubicada en distrito de Pataz. Según la confirmación inicial de la Policía Nacional del Perú (PNP), el ataque dejó un saldo de tres personas fallecidas, cuyos cuerpos presentaban impactos de proyectil de arma de fuego.
No obstante, la magnitud de la tragedia podría ser considerablemente mayor según diversas fuentes locales. El alcalde provincial, Aldo Mariño, basándose en reportes de personal de salud, ciudadanos y medios de comunicación, advirtió que la cifra de víctimas mortales podría ascender a quince. En este sentido, la autoridad edil informó también sobre la desaparición de siete personas, mientras que versiones de familiares y periodistas locales sugieren que aún quedarían cuerpos ocultos dentro de los socavones.
Ante la gravedad de los hechos, la Fiscalía Provincial Mixta Corporativa de Pataz, bajo la conducción del fiscal Limber Pascual Mallqui Acosta, dispuso el inicio de una investigación preliminar por el presunto delito de homicidio. En el lugar de los hechos, peritos del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de Huamachuco hallaron 11 casquillos de bala que serán sometidos a pericia balística. Asimismo, se ordenó el traslado de los cadáveres a la División Médico Legal II de Trujillo para las necropsias de ley.
Por su parte, la Compañía Minera Poderosa emitió un comunicado señalando que el incidente derivó de una incursión ilegal de sujetos que pretendían sustraer mineral aurífero. Según la empresa, el enfrentamiento se produjo en una zona disputada por grupos dedicados a la minería ilegal y culminó con la detención de dos sospechosos que fueron puestos a disposición de las autoridades. La minera precisó que su personal de seguridad acudió al lugar tras escuchar disparos, encontrando los cuerpos ya sin vida.
En el ámbito político, el alcalde Mariño cuestionó severamente la efectividad del estado de emergencia y el toque de queda vigentes en la provincia, calificando estas medidas como un fracaso rotundo frente al avance del crimen organizado. La autoridad edil denunció el incumplimiento de los compromisos asumidos por el presidente de la República, José Jerí, con quien se había reunido previamente en Palacio de Gobierno tras una «marcha de sacrificio». «No se ha cumplido nada de lo que se prometió», afirmó Mariño, exigiendo una intervención real del Ministerio del Interior.
En esa misma línea, la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR) expresó su enérgico rechazo ante la masacre, señalando que estos hechos reflejan una «grave crisis de inseguridad ciudadana» y la falta de una estrategia efectiva por parte del Ejecutivo para garantizar el control territorial. La ANGR instó al Gobierno Nacional a fortalecer la capacidad operativa de la Policía y a trabajar de manera coordinada con los gobiernos locales para frenar la impunidad.
Finalmente, este nuevo atentado evoca el trágico antecedente de mayo de 2025, cuando trece trabajadores fueron hallados sin vida en circunstancias similares. El periodista Alex Pino, de Radio La Cadena, alertó sobre el riesgo latente de que los responsables intenten desaparecer evidencias dentro de las minas, exhortando a la Fiscalía y a la Defensoría del Pueblo a mantener una presencia permanente para evitar que este crimen quede en el olvido. La población de Pataz permanece en alerta máxima ante una crisis de seguridad que parece desbordar las capacidades del Estado.
