Por Omar J. Candia Aguilar. Abogado y político. Mail: ocandia@unsa.edu.pe
La pequeña minería se ha convertido en una fuente de ingresos para más de 200 mil familias en diferentes partes del territorio nacional; es decir, es una alternativa a la agricultura y ganadería, actividades principales en el sector rural. Sin embargo, esta actividad productiva ha venido creciendo desordenadamente, infringiendo normas ambientales, de seguridad, salud ocupacional, tributarias, laborales, entre otros.
La reciente ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (en adelante REINFO) a través de la Ley N° 32537, ha sido duramente criticada. Esto en razón de que esta es la quinta prórroga, convirtiéndose en un círculo vicioso de ampliaciones sin que se discuta una política seria, responsable y que trate el problema holísticamente. No se puede negar, que el REINFO no ha cumplido con su propósito de formalización, por el contrario esta permitiendo que unos pocos se aprovechen de este sistema fallido para abusar de su posición de dominio, fortaleciendo la minería ilegal y en algunos casos el crimen organizado.
Lo cierto, es que no podemos generalizar y afirmar que todos los mineros artesanales o pequeños mineros realizan actividades ilícitas. Existen familias que viven de la actividad minera y que trabajan honestamente, a quienes no se les puede suprimir súbitamente el REINFO mientras no exista una alternativa por parte del Estado. También es cierto, que en plena campaña electoral no se puede realizar una reforma que aborde todos los problemas de la pequeña minería y de la minería artesanal, porque la demagogia termina ganando, y las reformas se convierten en contrareformas.
La Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (en adelante Ley Mape) busca convertirse en una alternativa al REINFO. En este proyecto observamos que se aborda y regula los grandes problemas de la pequeña minería y de la minería artesanal. Sin dudas uno de los principales problemas es el tema de la concesiones, pues no es posible que el 1% de los titulares mineros controlen la mitad de las concesiones. O que más del 80% no estén siendo utilizadas, cuando más del 90% de la minería informal trabaja en concesiones ajenas. Sin mencionar la superposición que existen en las concesiones, o los contratos que existen de explotación, cesión en uso, transferencias, etc. El régimen de concesiones tiene que reformarse obligando a que sean utilizadas y explotadas exclusivamente por sus titulares.
Otros de los agudos problemas es el tema de la contaminación ambiental, el Estado debe imponer el principio de autoridad y hacer respetar los estándares ambientales. Es paradójico que nos opongamos a la gran minería por el temor de la contaminación de ríos, lagos, valles, etc., cuando la pequeña minería puede generar peores efectos que la gran minería. Se deben establecer presupuestos ad hoc para la fiscalización tanto a los gobiernos regionales como a la OEFA que permitan hacer prevalecer el principio de autoridad.
Si no se sanciona la informalidad, no se motiva a quienes invierten y se preocupan por formalizarse. Se debe premiar e incentivar la formalización. La formalización minera requiere de un Estado fuerte que haga respetar las normas, que supervise, fiscalice, incentive y sancione.
La actividad minera es ancestral y una fuente de trabajo para miles de familias. Es obligación del Estado poner las normas claras y hacerlas cumplir, de lo contrario el caos y el crimen seguirán apoderándose de esta actividad productiva.
