El debate por la minería informal terminó revelando algo más profundo. La decisión de ampliar el Reinfo no solo prolongó un mecanismo cuestionado, sino que mostró con claridad qué partidos apuestan por su continuidad y quiénes buscan cerrarlo. En ese cruce, aparecen nombres, candidaturas y discursos que colocan a la política frente a una radiografía incómoda.
La votación que extendió el Registro Integral de Formalización Minera hasta diciembre de 2026 alineó a varias bancadas en una misma vereda. Fuerza Popular, Alianza Para el Progreso, Podemos Perú, Juntos por el Perú y Perú Libre, junto a sectores de Somos Perú y Renovación Popular, respaldaron a un sector que cada vez se distancia menos de la legalidad. En paralelo, estos partidos impulsan candidaturas vinculadas directa o indirectamente a la actividad minera informal.
El sur del país concentra varios de esos perfiles. Renovación Popular presenta en Puno a Javier Bernal Salas, dirigente de la Confemin. Podemos Perú lleva al Senado a Guido Bellido, uno de los congresistas más activos en la presión por ampliar el Reinfo. Fuerza Popular postula en Cusco al minero Joseph Aguirre, mientras Juntos por el Perú tiene como candidato presidencial a Roberto Sánchez, defensor del sector y promotor de nuevas prórrogas. Somos Perú, por su parte, reconoce que militantes y candidatos figuran en el registro.
No todos los partidos sostienen la misma postura. Avanza País, Libertad Popular, el APRA, Progresemos y otras agrupaciones comenzaron a cuestionar abiertamente el Reinfo, al que señalan como un motor de informalidad y criminalidad. Algunos proponen cerrarlo y reemplazarlo por un nuevo marco legal; otros exigen diferenciar entre minería artesanal e ilegal y atacar redes criminales específicas. La ampliación del registro, más que una salida, terminó mostrando cómo la informalidad minera se convirtió en terreno fértil para intereses políticos y electorales.
