Las autoridades talibanes volvieron a recurrir a los azotes en público en la capital afgana. En dos jornadas consecutivas, personas condenadas por adulterio y por tráfico de drogas y alcohol recibieron latigazos tras sentencias confirmadas por el Tribunal Supremo, en un escenario que profundiza el endurecimiento judicial desde 2021.
El martes, cuatro personas —entre ellas dos mujeres— fueron castigadas en Kabul luego de ser halladas culpables de “adulterio”. Las sentencias incluyeron penas de prisión de entre uno y dos años, además de entre 25 y 30 latigazos. El Tribunal Supremo afgano confirmó que los castigos se ejecutaron tras la ratificación formal de los fallos.
El episodio se produjo apenas un día después de otra escena similar. El lunes, once personas fueron azotadas públicamente por delitos relacionados con el tráfico y la venta de drogas y alcohol. Según la autoridad judicial, los condenados enfrentan penas de cárcel que van de siete meses a tres años y recibieron entre 10 y 39 latigazos cada uno.
Estas prácticas se inscriben en la política judicial impuesta por los talibán desde su retorno al poder en agosto de 2021. Organismos internacionales han cuestionado de forma reiterada la aplicación de castigos corporales y ejecuciones públicas, y Naciones Unidas ha pedido una moratoria como paso inicial hacia su abolición.
Un informe reciente del relator especial de la ONU para Afganistán, Richard Bennett, advierte que la mayoría de castigados son hombres sancionados por delitos como robo o tráfico de drogas, mientras que mujeres y niñas son penalizadas principalmente por supuestos “delitos morales”, como adulterio o huir del hogar. El documento señala que los castigos se realizan en plazas, estadios y mercados, con restricciones para registrar imágenes, como parte de una estrategia de control y disuasión.
