Javier Huaraya y Roberth Orihuela
La firma del nuevo convenio entre Sedapar y la Sociedad Minera Cerro Verde desató una avalancha de críticas contra los directivos de la empresa prestadora de servicios de agua potable y alcantarillado. No solo por su contenido, sino por la forma en que se concretó: en silencio, en Lima y sin explicación previa a la ciudadanía. Pues si era tan bueno y beneficioso para los arequipeños, ¿por qué no lo hicieron aquí para festejarlo como se merece?
Recién días después de la firma —que se realizó el viernes sin prensa ni fotos—, la gerente general de Sedapar, Yanet Montoya Vera; el presidente del directorio, Marco Falconí Picardo; y otros directivos salieron a brindar detalles del acuerdo que amplía el uso de las aguas residuales tratadas de la PTAR La Enlozada hasta el año 2060 o hasta que la minera cese operaciones. Es decir, primero se firmó el convenio y luego se buscó una justificación.
Dependientes de la minera
Los antecedentes del convenio marco revelan que la minera siempre quiso imponer sus términos y condiciones. Desde el convenio marco de 2011 y las negociaciones iniciadas en 2012, Sedapar trabajó estudios técnicos con la Cooperación Alemana, que fijaron valores de referencia del agua tratada entre 2.15 y 3.63 dólares por metro cúbico.
En 2023, incluso, la Junta General de Accionistas aprobó iniciar negociaciones con un valor de 3.63 dólares por metro cúbico. Sin embargo, ese precio nunca se cobró, bajo el argumento de que Cerro Verde debía descontar sus costos de construcción, operación y mantenimiento.
Pero, según la propia gerente de Sedapar, hasta este 2025 la minera debía pagar a Arequipa 2,163 millones de dólares tras 10 años de operaciones. Monto al que se debía restar US $ 555 millones por la PTAR La Enlozada y US $ 166 por la operación y mantenimiento hasta el 2023; pero que se incrementa a US $ 207.5 millones hasta este año. En total entonces: 762.5 millones. Al final, Sedapar podría haberse quedado con un cobro de S/ 1.400 millones; y menos el IGV habrían quedado 1.148 millones líquidos en favor de Arequipa; para obras de saneamiento y crecimiento.
Pese a esta holgada posible ganancia, Sedapar decidió ampliar el contrato hasta el 2060, cerrando la puerta a cualquier revisión futura en condiciones más favorables para Arequipa. Ahora se anuncia una inversión de 247 millones de dólares para ampliar la PTAR, pero esta responde a una exigencia de la propia minera para incrementar el caudal para sus operaciones, de 1 a 1.5 metros cúbicos por segundo.
En la práctica, la inversión real en proyectos de saneamiento para la ciudad se reduce a unos 116 millones de dólares, que debería realizarse en plazo de 5 años. Pero se trata de una cifra modesta frente a los ingresos que se habrían obtenido cobrando por el agua tratada. El presidente del directorio, Marco Falconí Picardo, intenta respaldarse en que la Junta de Accionistas, integrada por alcaldes provinciales, no se opuso al convenio. Pero la ausencia de oposición no equivale a una decisión transparente.
Justifican convenio
La principal excusa de Sedapar para extender el contrato es que no tiene capacidad financiera para operar y mantener la PTAR La Enlozada. La gerenta Yanet Montoya, argumentó que sus utilidades anuales apenas alcanzan los 30 millones de soles. Sin embargo, se ignora que si se cobrara por el agua tratada, las utilidades incrementarían para continuar con la operación de la planta.
Recalcamos que la propia gerente Yanet Montoya reconoció que, solo hasta el año 2025, de haberse aplicado el precio base por el agua de reúso, la minera acumularía una deuda estimada en 2,163 millones de dólares; tras 10 años de operaciones. Ahora, si tomamos ese monto como referencia, por 35 años más los ingresos superarían los 7.500 millones de dólares; solo contando con la venta de 1 m3/s de aguas tratadas. Si le incrementamos los otros 0.5 m3/s, que Cerro Verde necesita dentro de 5 años, la cifra sería de uno 10.744 millones de dólares.
Otra justificación es que, al comercializar el agua tratada, Sedapar tendría que pagar un IGV del 18%. Por eso, se optó por no cobrar y recibir inversiones (proyectos)a cambio. Pero al restar a los US $ 10.744 millones el IGV de 18%, una ganancia neta de US $ 8.810 millones, aproximados. Monto más que suficiente para realizar más obras de saneamiento, ampliar la PTAR y construir otra más. La gallina de los huevos de oro que Sedapar deja ir.
Muy lejos del paquete de US $ 3091 que Sedapar promociona y con trampa. Pues de ese monto hay que restarle US $ 721 millones ya invertidos en la construcción de la PTAR y su mantenimiento; US 1225 millones destinados a la ampliación y mantenimiento de la propia PTAR La Enlozada, infraestructura que beneficia principalmente a Cerro Verde y no representa una ganancia.
Y restar también la inclusión de una cartera de proyectos hasta por 510 millones de dólares, bajo el mecanismo de obras por impuestos. Los mismos que Sedapar presenta como parte de la prestación recíproca, pero estos recursos no son una donación, toda vez que se descuentan directamente del impuesto a la renta que la minera debería pagar al Estado y del bolsillo de todos los arequipeños.
Finalmente, el monto real de inversiones en favor de Arequipa sería por US $ 535 millones: US $ 116 por obras de agua y saneamiento en la región y US $ 419 para la 3era etapa de La Enlozada o de una nueva PTAR para la ciudad.
Incluso, el presidente del directorio, Marco Falconí Picardo, reconoce que esta prestación no representa ganancias para la empresa. Pero intenta justificarlo señalando que esos impuestos se quedarán en la región. “Por lo menos sabemos que sus impuestos se van a invertir en Arequipa”, justificó Falconí.
Sobran excusas
Otra razón esgrimida para prolongar el contrato hasta el 2060 es asegurar que Cerro Verde opere y mantenga la PTAR, dado que Sedapar no podría hacerlo por sí sola. Pero esta lógica revela que Sedapar está condenada a la precariedad financiera. Si se hubiera negociado la venta del agua tratada, Sedapar no solo habría tenido capacidad para operar la planta, sino también para fortalecer su autonomía técnica y económica, evitando una dependencia prolongada de la minera.
Incluso, en términos comparativos, los argumentos de Sedapar para no cobrar se sostienen en las tarifas de sus iguales. Se menciona que Sedapal (Lima) cobra 0.118 dólares por metro cúbico de agua tratada y Emapica (Ica) 0.20 dólares, como si eso obligara a Arequipa a aceptar condiciones similares o inferiores.
Es más, Yanet Montoya aceptó y afirmó que Cerro Verde tiene como única opción utilizar las aguas tratadas de La Enlozada para continuar operando. Esto porque desalinizar agua de mar representaría mayores gastos y, además, tendría pérdidas al haber invertido en la construcción de la PTAR y no aprovechar las aguas residuales.
En ese escenario, era Sedapar quien tenía la sartén por el mango para plantear una oferta más favorable. Aun así, optó por firmar un contrato indefinido, sin mecanismos claros de renegociación futura, y sin pensar que los costos y el valor del agua tienden a incrementarse con los años por la actualización de los costos de mercado.
El resultado es un contrato que amarra a Arequipa por décadas, renuncia a ingresos multimillonarios y consolida un modelo en el que el recurso hídrico se entrega sin pago directo. Todo bajo argumentos que, al ser revisados uno por uno, revelan más concesiones que beneficios reales para la región.
