El alcalde provincial de Arequipa, Víctor Hugo Rivera Chávez, salió al frente para defender la aprobación del octavo convenio entre Sedapar y la empresa minera Cerro Verde. Este acuerdo permitirá que el privado use las aguas residuales de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) la Enlozada sin costo económico directo hasta el año 2060 o hasta que la mina cese operaciones.
El burgomaestre, en su calidad de presidente de la Junta de Accionistas de Sedapar, sostuvo que el convenio es beneficioso para la región, ya que garantiza inversiones en obras de saneamiento y evita una carga económica futura para la población arequipeña. Explicó que uno de los principales argumentos para defender el convenio es la incapacidad financiera de Sedapar para asumir el mantenimiento de la PTAR.
“¿Qué pasa si Cerro Verde termina de operar antes del 2060? Sedapar tendría que dar mantenimiento a la PTAR, pero no tiene la capacidad financiera, porque estos trabajos superan casi los 60 millones de dólares”, justificó Rivera, señalando la necesidad de que la minera asuma esa responsabilidad.
En caso contrario, advirtió, Sedapar se vería obligada a trasladar ese costo a la población mediante un incremento en la tarifa del agua potable. “Si dejan de dar el mantenimiento, se tendría que aumentar la tarifa del costo de agua potable a la población para recaudar presupuesto y darle mantenimiento”, añadió.
Asimismo, rechazó la posibilidad de que Sedapar venda el agua residual tratada, señalando que esta opción implicaría el pago de impuestos a la Sunat. Según indicó, la venta del recurso estaría gravada con un 18% de impuesto. Esto reduciría los beneficios económicos reales para la empresa estatal.
“Cuando uno comercializa algo tiene que pagar impuestos. En este caso, si Sedapar le vende agua residual tiene que haber pago de impuestos de por medio a la Sunat que asciende al 18%”, explicó Rivera.
Bajo ese argumento, sostuvo que se optó por una contraprestación en obras, lo que —según su posición— permite que Arequipa reciba beneficios tangibles sin asumir cargas tributarias adicionales. Así, insistió en que el debate no debe centrarse en la venta del agua de reúso, ya que cualquier transacción comercial implica tributos.
