La decisión de Sedapar de ampliar por tiempo prácticamente indefinido el convenio con la Sociedad Minera Cerro Verde para el uso de las aguas residuales de la PTAR La Enlozada ya levantó polvo. Y es que la aprobación del octavo convenio específico, realizada sin mayor debate público, fue criticada por autoridades políticas y municipales que advierten un acuerdo lesivo para los intereses de la ciudad.
Para recapitular, el nuevo convenio permitirá que Cerro Verde continúe utilizando agua tratada sin pagar tarifa alguna hasta el 31 de diciembre de 2060 o hasta que cese totalmente sus operaciones en Arequipa, lo que ocurra después. La aprobación se dio en la sesión N.º 114 de la Junta General de Accionistas de Sedapar, integrada por los alcaldes provinciales de Arequipa y otras seis provincias.
Sedapar sostiene que, debido a que el convenio original se firmó antes de la vigencia del Decreto Legislativo N.º 1280 —que regula tarifas y recuperación de costos en el sector saneamiento—, no corresponde aplicar un cobro por el reúso del agua. Esta interpretación permite que la minera siga sin pagar por un recurso estratégico durante décadas.
Mínimas contraprestaciones
Como contraprestación al uso gratuito del agua, el convenio señala que Cerro Verde ejecutará inversiones por más de US$ 3 mil millones hasta el 2060. Sin embargo, un análisis detallado revela que gran parte de ese monto corresponde a inversiones ya ejecutadas, costos de operación pasados o compromisos que no representan ingresos reales para Sedapar ni beneficios directos para la población.
Del total anunciado, más de US$ 555 millones corresponden a la construcción pasada de La Enlozada y otros US$ 166 millones a costos de operación desde 2015. A ello se suman US$ 510 millones en obras por impuestos, una modalidad que se descuenta de la carga tributaria de la empresa y que, por tanto, no constituye una donación ni un pago por el agua.
Incluso las inversiones futuras tienen condiciones. La segunda etapa de La Enlozada, valorizada en US$ 247 millones, permitirá tratar más aguas residuales, pero a cambio la minera incrementará su dotación de agua para uso propio. Al sincerar cifras, la inversión real que Arequipa vería hasta el 2060 se reduce a unos US$ 782 millones.
Llaman a protestas
El congresista Jaime Quito fue el primero en levantar la voz. Calificó el acuerdo como “nefasto” y acusó a Sedapar de rendirse ante la minera. “Cerro Verde nunca ha pagado un solo centavo por las aguas residuales de La Enlozada. No hay contraprestación, lo que se ha estipulado es una burla. Todo es de entero beneficio de Cerro Verde”, afirmó.
El legislador fue más allá y llamó abiertamente a la movilización ciudadana, toda vez que su posición de congresista no le permite interferir en la firma del convenio. “Todavía no han firmado el octavo convenio. Llamo a la población de Arequipa a que tome conocimiento y no permita este abuso. No podemos tener autoridades que estén en función de una empresa y no de la población. Tenemos que organizarnos y dar un grito de protesta”, declaró.
Entre gallos y media noche
Desde la Municipalidad Provincial de Arequipa, la regidora Rocío Mango Chipana cuestionó el secretismo con el que se aprobó el convenio. Esto porque el pleno de concejales no fue notificado sobre la adenda, no se permitió la participación de otras instituciones y tampoco se socializó a la población.
La concejal también recordó que, si bien el alcalde es accionista de Sedapar, el directorio es elegido por el Concejo Municipal, por lo que debió informarse y debatirse el contenido del acuerdo o, al menos, ponerlo de conocimiento.
“Esto se ha hecho entre gallos y medianoche, sin informar al concejo ni a la población. Ampliar por más de 40 años es completamente injusto. Arequipa debería levantarse, porque esto no se puede hacer a espaldas del pueblo. Las organizaciones sociales deben levantarse porque esto no se puede permitir”, sostuvo.
En la misma línea, la teniente alcaldesa Ruccy Oscco Polar advirtió que el convenio “sepulta cualquier posibilidad de renegociación futura”. La primera regidora también llamó a la reacción ciudadana para evitar la firma del convenio que favorece a la minera, que ya se ha enriquecido con la extracción de minerales durante décadas.
“¿Cómo es posible que Sedapar no considere que los costos y tarifas cambian con los años? Prácticamente es nada lo que va a invertir la minera durante más de 40 años (…) No somos parte de la Junta de Accionistas, pero sí podemos instar a que la población se levante e impida este fraude. Se está comprometiendo el futuro de Arequipa”, afirmó.
Con el convenio aún pendiente de firma, el escenario queda abierto. Las voces críticas advierten que no se trata solo de agua tratada, sino de transparencia y del derecho de Arequipa a decidir sobre un recurso que, una vez más, parece haberse negociado lejos del escrutinio público.
Revelación ha intentado comunicarse con el presidente del directorio, Marco Falconí Picardo, para que explique su posición sobre el convenio. Pero, una vez más, prefirió guardar silencio sin contestar las llamadas telefónicas.
