Abg. Arturo Montesinos Neyra. Analista político
En el discurso oficial, el patrimonio cultural es prioridad. En la práctica, es un archivo muerto. Puerto Inca, ubicado en el distrito de Atiquipa, provincia de Caravelí, es un ejemplo claro de cómo el Estado peruano y el Gobierno Regional de Arequipa administran la historia: la reconocen en papeles, pero la abandonan en el territorio. No se trata de falta de conocimiento, sino de falta de voluntad política.
Puerto Inca no es una playa cualquiera. Es un espacio arqueológico, histórico y ambiental que evidencia siglos de ocupación humana y una lógica de integración costa–Andes que el propio Estado inca supo organizar con eficiencia. Resulta paradójico que una civilización premoderna entendiera mejor el valor estratégico del lugar que las autoridades contemporáneas.
El sitio está identificado por el Ministerio de Cultura y figura en inventarios turísticos del Mincetur. Es decir, el Estado sabe que existe. Sin embargo, ese reconocimiento no se traduce en inversión, señalización adecuada, planes de manejo ni articulación con el gobierno local o la población de Atiquipa. Puerto Inca permanece sin un proyecto serio de puesta en valor, como tantos otros espacios fuera del radar centralista.
El Gobierno Regional de Arequipa, que suele hablar de descentralización y desarrollo territorial, tampoco ha asumido liderazgo. No existe una política clara para integrar este sitio a una ruta cultural o ecológica del sur arequipeño. La cultura, al parecer, sigue siendo vista como un gasto y no como una inversión estratégica.
Cuando el patrimonio no da votos, se posterga
La omisión no es casual. Puerto Inca no genera titulares inmediatos ni réditos políticos rápidos. No es una obra de cemento, no se inaugura con banda ni ofrece fotografías de corto plazo. Por eso se posterga. El Estado peruano ha demostrado una tendencia sistemática a intervenir solo cuando el patrimonio puede ser explotado turísticamente a gran escala o cuando el deterioro ya es irreversible.
Mientras tanto, los restos arqueológicos permanecen expuestos al desgaste natural, a la informalidad y al olvido. No hay control efectivo, no hay educación patrimonial sostenida y no hay una estrategia que vincule conservación con desarrollo local. El resultado es predecible: pérdida progresiva de valor cultural.
La crítica no es solo al abandono, sino también al enfoque equivocado. Puerto Inca no necesita convertirse en un balneario masivo ni en un destino de turismo desordenado. Lo que requiere es un modelo de gestión responsable, que combine patrimonio arqueológico, paisaje natural y participación comunitaria.
El distrito de Atiquipa ha demostrado, a través de la gestión de sus lomas, que es posible conservar y usar el territorio de manera sostenible. Ignorar esa experiencia local es otro error del Estado, acostumbrado a diseñar políticas desde escritorios lejanos y sin diálogo real con las comunidades.
El silencio institucional y la deuda histórica con Caravelí
Caravelí es una provincia históricamente relegada, pese a su riqueza cultural, natural y productiva. Puerto Inca sintetiza esa contradicción: un espacio con valor nacional tratado como un asunto marginal. El silencio institucional no es neutro; es una forma de decisión política que perpetúa desigualdades territoriales.
Si el Gobierno Regional de Arequipa y el Estado peruano realmente creen en la descentralización, deberían empezar por invertir donde nunca miraron, proteger lo que no genera presión mediática y construir desarrollo desde la identidad local, no desde la improvisación.
Puerto Inca no está abandonado por desconocimiento, sino por indiferencia. Y la indiferencia, cuando proviene del Estado, se convierte en responsabilidad histórica. Cada año sin intervención es un año perdido para la memoria colectiva y para el desarrollo de Atiquipa y Caravelí.
El patrimonio no se protege con discursos ni con fichas técnicas. Se protege con decisión política, inversión sostenida y respeto por el territorio. Mientras eso no ocurra, Puerto Inca seguirá siendo lo que hoy es: un legado ancestral reconocido en papeles y abandonado en la realidad.
