El operativo policial que buscó habilitar el ingreso al botadero de Cotapachi terminó en tragedia. Dos comunarios murieron por heridas de arma de fuego y 14 personas resultaron lesionadas durante el enfrentamiento ocurrido en la frontera entre Colcapirhua y Quillacollo. Mientras la Policía habló de una emboscada, abogados de las víctimas denunciaron disparos directos de agentes y una incursión a la comunidad. El conflicto, arrastrado por años, escaló hasta provocar un bloqueo indefinido en la región.
La tensión estalló la mañana del lunes, cuando un contingente policial llegó al botadero para cumplir una resolución judicial que prohíbe su cierre. La intervención, según el comandante departamental Alejandro Basto, derivó en una supuesta emboscada y un intercambio violento que terminó con dos muertos identificados como Marco Padilla, de 38 años, y Sinforiano Carrillo, de 47. Basto aseguró que aún no puede definirse quién disparó y que será la Felcc la que determine qué tipo de armamento se usó. Siete policías también resultaron heridos.
La versión de los familiares de las víctimas va en sentido contrario. Sus abogados afirmaron que hubo disparos provenientes de la Policía y denunciaron que los agentes ingresaron a la comunidad para perseguir a quienes bloqueaban el paso. El fiscal departamental, Oswaldo Tejerina, anunció que este martes se realizará una inspección al área para iniciar la investigación formal. Mientras tanto, familiares responsabilizaron a la Alcaldía de Colcapirhua por alentar un operativo que terminó en tragedia.
El alcalde de Colcapirhua, Nelson Gallinate, rechazó esas acusaciones y sostuvo que detrás de la protesta existen intereses económicos y personales difíciles de identificar. Según dijo, antes del bloqueo no había demandas concretas y que recién después los movilizados retomaron un viejo reclamo limítrofe. El trasfondo del conflicto es precisamente la indefinición de los límites entre Colcapirhua y Quillacollo y el uso del botadero de Cotapachi, un relleno sanitario cuya administración enfrenta a autoridades y vecinos desde hace años.
El bloqueo instalado el 27 de noviembre marcó el punto más reciente de un conflicto que ya asfixia a la zona metropolitana de Cochabamba con acumulación de basura y paralización del servicio. Los intentos previos de la alcaldía por habilitar el ingreso terminaron en choques, y la violenta intervención policial no resolvió nada: el bloqueo continúa, ahora acompañado por pedidos de una investigación nacional. El vicepresidente Edmand Lara exigió un informe exhaustivo para identificar responsables, mientras el defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, llamó a un diálogo urgente para frenar la escalada.
