Por Henrry Torres Delgadillo – Especialista en Gestión de Riesgos
La posición del Ejecutivo frente a la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) hasta 2027 refleja una preocupación creciente por los impactos que esta medida podría generar en la estabilidad regulatoria y en la gestión estatal de territorios vulnerables. El presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, afirmó que la norma aprobada por la Comisión de Energía y Minas necesita ajustes sustantivos para adecuarse a la realidad operativa del sector, advirtiendo que, de lo contrario, sería observada por el Gobierno.
El comportamiento de ciertos actores inscritos —que utilizan el Reinfo como un mecanismo prolongado para sostener actividades ilegales sin intención de formalizarse— constituye un riesgo significativo para el control estatal. La advertencia es clara: permitir el retorno de quienes evidenciaron desinterés en cumplir los requisitos debilitaría la capacidad del Estado para reducir la minería informal de alto impacto ambiental y social. Álvarez reconoce la posibilidad de reevaluar casos puntuales, pero rechaza la reincorporación indiscriminada de operadores que han vulnerado la confianza institucional.
En la gestión pública, decisiones como esta pueden alterar los equilibrios territoriales y generar escenarios adversos. La ampliación del Reinfo, sin filtros adecuados, podría incrementar conflictos socioambientales, fortalecer redes ilegales y complicar la trazabilidad de la actividad minera. Especialmente en regiones donde la presencia estatal es limitada y los estándares ambientales siguen siendo críticos.
Las dificultades que enfrentan los pequeños mineros y artesanales también revelan brechas estructurales: procesos diseñados para gran minería, exigencias jurídicas complejas y costos que exceden su capacidad de cumplimiento. El propio Ejecutivo plantea la necesidad de diferenciar con precisión estos segmentos para evitar que la ampliación termine beneficiando a quienes operan fuera del marco legal.
Las proyecciones institucionales indican que, si el Congreso incorpora las modificaciones solicitadas, la formalización podría recuperar coherencia y avanzar hacia un modelo sostenible. Sin dichos ajustes, el país se encaminaría a un escenario donde la extensión del Reinfo se convierta en un incentivo para la informalidad prolongada, aumentando la presión sobre ecosistemas frágiles, sistemas de fiscalización y seguridad ciudadana.
