Por Henrry Torres Delgadillo – Especialista en Gestión de Riesgos
El Ministerio de Economía y Finanzas confirmó que los recursos para los procesos electorales del 2026 están “plenamente asegurados”. Una señal relevante en un contexto donde la incertidumbre institucional suele tensionar cada ciclo electoral. Según el comunicado oficial, se han asignado 331.1 millones de soles en el Proyecto de Ley de Presupuesto 2026, cifra que representa poco más de la mitad del monto solicitado inicialmente por el Jurado Nacional de Elecciones, que ascendió a 585.8 millones de soles. Además, el MEF anunció la disponibilidad de recursos adicionales, activables según el ritmo de ejecución y las necesidades justificadas del JNE, amparados en un marco legal que otorga prioridad a los procesos electorales.
Esta garantía financiera llega en un escenario electoral más complejo que en años anteriores. Para las primarias del 2025 se registra un incremento superior al 34 % en el padrón de afiliados respecto al proceso del 2021, impulsado por el crecimiento de organizaciones políticas inscritas, que pasó de 24 a 43. Este aumento no solo implica mayores costos logísticos, sino también mayores desafíos operativos y de fiscalización.
Sin embargo, asegurar el presupuesto no elimina los riesgos. En términos de gestión pública, la ejecución presupuestal del sistema electoral ha mostrado históricamente brechas de eficiencia. Lo que puede traducirse en retrasos críticos o en sobrecostos difíciles de justificar. Además, la fragmentación política —39 organizaciones habilitadas para competir— eleva el riesgo de conflictos, impugnaciones y litigios que pueden presionar aún más la capacidad institucional del JNE.
A ello se suma la permanente preocupación sobre la rendición de cuentas, especialmente en un contexto donde la confianza ciudadana hacia las instituciones electorales se ha visto erosionada. Contar con recursos es solo el primer paso; el desafío real es garantizar su uso diligente, transparente y oportuno. La debida diligencia no se limita a justificar gastos: implica anticipar riesgos, fortalecer controles, auditar procesos y comunicar con claridad cada decisión operativa.
El 2026 no solo se perfila como un año electoral: será una prueba de estrés para la gobernanza democrática. El financiamiento asegurado es un avance, pero el verdadero indicador de éxito será la capacidad del Estado para administrar cada sol con integridad y cada etapa con solvencia técnica. Solo así podrá sostenerse la legitimidad de los comicios y, con ella, la confianza ciudadana.
