La Contraloría General de la República evidenció una crisis de gestión y recursos en al menos 15 comisarías de la Región Policial de Arequipa. Las deficiencias detectadas son de carácter estructural, logístico y operativo, afectando la capacidad de la Policía Nacional del Perú (PNP) para cumplir con su mandato de garantizar la seguridad ciudadana. La fiscalización de los auditores expone fallas que van desde el colapso de edificaciones hasta la inoperatividad de equipos esenciales.
Los hallazgos de la entidad contralora se concentran en tres pilares fundamentales del servicio policial: la infraestructura de las dependencias, la dotación de equipamiento y personal, y la planificación de las operaciones de patrullaje. La recurrencia de las mismas irregularidades en distintas jurisdicciones sugiere un problema repetitivo que requiere una intervención urgente de la alta dirección policial.
Infraestructura en emergencia
El mal estado de la infraestructura policial es la principal deficiencia detectada. La comisaría PNP Jesús María (Paucarpata), con una antigüedad estimada de más de 50 años, presenta un peligro inminente con fisuras y deflexión en la losa aligerada del tercer nivel, exponiendo ladrillos agrietados y comprometiendo su estabilidad. Este deterioro incumple las disposiciones de seguridad estructural del Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE).
Otras comisarías, como la de Miguel Grau, también reportan filtraciones generalizadas en techos de baños, habitaciones y oficinas, poniendo en peligro la permanencia y estabilidad de la infraestructura. Mientras que la comisaría de Yanahuara no tiene un mantenimiento debido, con inmundicia en los baños, cables expuestos y extintores vencidos. Este problema se repite en Mejía y El Pedregal-Majes, donde la humedad y el desgaste son evidentes.
A estas fallas estructurales se suma la omisión del Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones (ITSE). Este documento crucial falta en las comisarías de El Pedregal-Majes, Miguel Grau, Jesús María, Matarani, Zamácola, Mariscal Castilla, Ciudad Municipal, Cerro Colorado y Mejía, lo que significa que estas instalaciones operan sin la debida evaluación de riesgos, poniendo en peligro al personal, a los usuarios y al acervo documentario.
Además de estos riesgos, se detectaron fallas en las instalaciones de uso diario. En El Pedregal-Majes, se constató la presencia de cableado eléctrico expuesto en las duchas. Y en Jesús María se hallaron cables en contacto con agua, junto a luminarias inoperativas, creando un riesgo de accidente eléctrico.
Con equipos antiguos
La integridad física de los efectivos policiales está seriamente comprometida por el uso de equipamiento de seguridad caduco. Y es que los informes del ente de control han revelado una falta de dotación para los agentes. La comisaría PNP Jesús María dispone de chalecos antibalas con fecha de fabricación de junio de 1994. Esto representa más de 31 años de antigüedad, superando su vida útil y la garantía técnica.
Similares problemas se encuentran en la comisaría de José Luis Bustamante y Rivero, donde los chalecos datan de 2015, excediendo su garantía de siete años, y en Miguel Grau, donde el equipo también presenta desgaste y se aproxima o ha superado su fecha de caducidad.
A la precariedad del equipo de protección se suma un déficit de personal que afecta la operatividad. La comisaría José Luis Bustamante y Rivero, clasificada como Tipo A, requiere 120 efectivos pero solo cuenta con 86, un déficit de 34 agentes. En Mejía, una Comisaría Tipo D, solo hay 10 efectivos, a pesar de requerir un mínimo de 15.
Sin respuesta tecnológica
En el ámbito logístico, la insuficiencia de equipos informáticos es una barrera para la eficiencia administrativa. Comisarías como Ciudad Mi Trabajo (Socabaya), Jesús María, Mariscal Castilla, Ciudad Municipal, Cerro Colorado y la de José Luis Bustamante y Rivero, obligan a sus efectivos a utilizar sus computadoras e impresoras personales, poniendo en riesgo la seguridad de la información institucional.
En Socabaya, la situación es crítica: con 45 efectivos en labores administrativas, la comisaría solo cuenta con ocho computadoras. Lo que obliga al uso de recursos propios y contraviniendo el principio de eficiencia y el derecho del personal a contar con dotación adecuada.
La falta de formulación y aprobación del Plan de Patrullaje por Sector para el año 2025 es un incumplimiento normativo detectado en El Pedregal-Majes, Mejía, Matarani, Mariscal Castilla, Ciudad Municipal, Cerro Colorado, Yanahuara y José Luis Bustamante y Rivero. Esto afecta la correcta distribución de recursos y la determinación de los sectores de vigilancia.
Patrulleros obsoletos
Asimismo, la operatividad vehicular se reduce por las unidades inoperativas. La comisaría PNP Hunter, Ciudad Mi Trabajo (Socabaya), Mariscal Castilla, Ciudad Municipal y Mejía reportan patrulleros y motocicletas fuera de servicio. Lo que limita la capacidad de respuesta y persecución de delitos. En Socabaya, la inoperatividad de un patrullero SUV reduce su capacidad motorizada en un 16.67%.
Otro punto de quiebre en la gestión operativa es la falta de difusión pública del Mapa del Delito. En El Pedregal-Majes, Mejía, Matarani, Congata, Mariscal Castilla, Ciudad Municipal, Cerro Colorado, Yanahuara y José Luis Bustamante y Rivero, la herramienta se mantiene oculta en ambientes internos. Lo que impide que los ciudadanos conozcan los horarios y lugares considerados peligrosos para su seguridad personal.
Finalmente, en El Pedregal-Majes se constató la carencia del Sistema Informático de Planificación y Control de Patrullaje Policial (SIPCOP), impidiendo el monitoreo en tiempo real de las unidades vehiculares. Un riesgo que compromete la supervisión de la fuerza operativa. Por como van las cosas, el hampa le ganará la partida a la PNP.
Defiende su gestión
El jefe de la Región Policial Arequipa, General PNP Olger Benavides Ponce de León, reconoció a Revelación.pe las necesidades de las comisarías. «La realidad no se puede ocultar», señaló. E indicó que las observaciones ya están siendo elevadas a la Comandancia General.
El alto mando policial defendió la labor de su gestión, indicando que las deficiencias forman parte de un problema estructural más amplio. Señaló que la logística policial se encuentra en un 80% de vida útil cumplida, aunque sigue en funcionamiento. No obstante, enfatizó el compromiso por la mejora, mencionando que ha inspeccionado la totalidad de las 101 comisarías en Arequipa para obtener una actualización precisa de sus necesidades.
En respuesta al deterioro de la infraestructura, detalló un plan de reconstrucción en curso que abarca ocho comisarías. Resaltó específicamente los proyectos de Cayma y Matarani que se ejecutan bajo la modalidad de Obras por Impuestos (OxI). Así como los avances en Tiabaya, Congata y Alto Selva Alegre. Además, indicó que se están realizando gestiones de saneamiento de terrenos en coordinación con las municipalidades de Yura, Cerro Colorado y Chala para edificar nuevas dependencias policiales.
Respecto a la precaria dotación de equipo y vehículos, el jefe policial anunció la inminente llegada de nuevo material para reforzar la seguridad de los agentes. Detalló una compra de 100 nuevos patrulleros a cargo del Gobierno Regional de Arequipa (GRA), y la adquisición de 200 chalecos antibalas y 200 fusiles nuevos, previstos para ser entregados los primeros días de diciembre e irán destinados a las unidades con mayor riesgo operativo.
