Por Miguel Ocas Saravia
Unos 30 obreros de la obra de transitabilidad en el Módulo A de Ciudad Majes paralizaron los trabajos por tercera vez. Esto luego de de cinco semanas de impagos y malos tratos del Consorcio Casa Nueva. La empresa, adjudicataria de la obra municipal, acumula retrasos, promesas incumplidas y sospechas de favoritismo. Los trabajadores advierten que, además del conflicto laboral, existe el riesgo de un daño mayor por la inminente aplicación de asfalto sin cumplir etapas esenciales.
Los trabajadores aseguran que la situación llegó a un punto límite tras semanas de reclamos ignorados y promesas vacías. Cada vez que pedían explicaciones, la empresa les ofrecía pagar “en una semana”, una promesa que nunca llegó a concretarse. Las demoras se fueron acumulando, hasta obligarlos a detener dos veces la ejecución de la obra, afectando directamente a los vecinos del Módulo A, quienes observan cómo el proyecto avanza a tropiezos y sin una fecha clara de culminación.
Este 20 de noviembre, la paralización se repitió por tercera vez. Agotados, una comitiva se dirigió a la Municipalidad Distrital de Majes para exigir la intervención del alcalde Jenry Huisa Calapuja. Los obreros responsabilizan a la comuna por adjudicar la obra a Casa Nueva, pese a que —según ellos— la empresa no tendría la solvencia económica para sostener el proyecto. En el mismo círculo de quejas surgió una versión que inquieta: el consorcio estaría integrado por ex trabajadores municipales cercanos al alcalde. Un dato que, de confirmarse, explicaría la facilidad con la que obtuvieron la licitación.
Tras reunirse con los obreros, Huisa Calapuja se deslindó del conflicto laboral, asegurando que no tiene injerencia en los pagos. Su prioridad —dijo— es que la obra no se detenga. Esa postura abrió otro flanco: la empresa decidió reemplazar al personal impago por cuadrillas contratadas de inmediato, sin experiencia en el rubro ni equipos de protección. La regidora Gladys Condori Huaman comprobó estas irregularidades durante una visita inopinada y pidió dejar constancia en un acta de observaciones.
La tensión creció cuando los obreros denunciaron que, en su prisa por avanzar, Casa Nueva pretende aplicar asfalto sin haber terminado accesos, rampas ni espacios para áreas verdes. Peor aún: hay calles sin imprimación y con tierra suelta. Si la maquinaria ingresa así, alertaron, podría arruinar el adoquinado existente y dejar un asfaltado de corta vida útil. Por ello pidieron que una supervisión externa corrobore el verdadero estado de la obra y los riesgos que, según ellos, la empresa está a punto de provocar. Mientras tanto, evalúan radicalizar sus protestas para lograr que, al menos, les paguen lo que les deben.
