El Poder Judicial fijó para el miércoles 26 de noviembre la lectura de sentencia contra el expresidente Martín Vizcarra por los casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua. El fiscal Germán Juárez solicita 15 años de prisión por cohecho pasivo propio y una reparación civil superior a S/ 4,6 millones. Tras los alegatos finales y sus últimas palabras, Vizcarra aseguró ser inocente y confió en que el tribunal actuará con justicia.
El proceso llegó a su fin este jueves, cuando el Cuarto Juzgado Penal Colegiado de la Corte Superior Nacional dio por concluido el juicio oral. La sesión inició con la presentación de los alegatos de las empresas incorporadas como terceros civilmente responsables. Entre ellas INCOT, Obrainsa e ICCGSA, implicadas en las presuntas entregas de dinero. Finalizada esta parte, el abogado de Vizcarra, Erwin Siccha, tomó la palabra para solicitar la absolución de su defendido y negar categóricamente los hechos atribuidos por la Fiscalía.
En su intervención final, el expresidente Martín Vizcarra afirmó que durante años ha sido sentenciado “sin juicio” por la opinión pública y los medios de comunicación. Sostuvo que las acusaciones del Ministerio Público fueron asumidas como verdades antes de ser evaluadas en estricto proceso judicial. Aseguró sentirse víctima de cuestionamientos constantes y reiteró que nunca pensó en eludir a la justicia. Recordando que incluso cuando la Fiscalía pidió prisión preventiva, él permaneció en el país. “Acá estoy, en carne y hueso”, dijo, reafirmando que asistirá a la lectura de sentencia.
La acusación fiscal sostiene que Vizcarra recibió S/ 2,3 millones en sobornos cuando era gobernador regional de Moquegua. En el caso Lomas de Ilo, el Ministerio Público afirma que el exmandatario coordinó con Elard Tejeda, gerente de Obrainsa, para pactar un pago que se concretó en dos entregas, una en enero y otra en abril de 2014. Según el expediente, estos montos habrían sido entregados a cambio de favorecer al consorcio en la adjudicación y reajustes del proyecto. La Fiscalía describe comunicaciones y reuniones que, asegura, evidencian coordinación directa.
Respecto al Hospital de Moquegua, el caso se remonta a noviembre de 2013, cuando UNOPS convocó una reunión trasladada al CADE. En ese encuentro participaron representantes de ICCGSA y del consultor José Manuel Hernández, además de Vizcarra. Según la tesis fiscal, un reajuste exprés redujo el monto contractual de manera irregular, supuestamente como resultado de acuerdos previos. Comunicaciones internas del consorcio habrían revelado pagos ilegales organizados en fases. El Juzgado Colegiado deberá determinar si estas pruebas acreditan los delitos o si corresponde absolver al exmandatario y a las empresas involucradas.
