El debate sobre la inhabilitación de Betssy Chávez continúa abierto. Esto luego de que el Pleno del Congreso no alcanzara los votos necesarios para sancionarla por diez años. La propuesta recibió 63 votos a favor, 20 en contra y cuatro abstenciones, quedándose a cinco apoyos de la valla mínima. Tras la votación, tres parlamentarios presentaron reconsideraciones que podrían llevar a un nuevo debate. Mientras tanto, el Ejecutivo pospuso su decisión sobre el salvoconducto solicitado por México, que mantiene asilada a Chávez en su embajada en Lima.

Los congresistas Jorge Montoya, Norma Yarrow y Eduardo Castillo solicitaron la reconsideración para que la votación sea repetida. La decisión de incluirlas en agenda dependerá del presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi.

Los votos en contra provinieron mayoritariamente de las bancadas de izquierda y de agrupaciones que han expresado posiciones favorables al expresidente Pedro Castillo. Legisladores de Juntos por el Perú, Voces del Pueblo, Bloque Magisterial, Podemos Perú, la Bancada Socialista, el Bloque Democrático Popular, así como representantes de Somos Perú, Perú Libre y una legisladora no agrupada, se opusieron a la medida. Algunos de ellos señalaron que la acusación tenía un componente político y que no existían elementos suficientes para una sanción de inhabilitación.

En paralelo al debate parlamentario, el Gobierno peruano postergó su decisión sobre el salvoconducto solicitado por México para que Betssy Chávez. Quien actualmente asilada en su embajada en Lima, pueda abandonar el país. El canciller Hugo de Zela informó que el Ejecutivo pedirá orientación a la Organización de Estados Americanos respecto a la correcta aplicación de la Convención de Caracas de 1954. Según explicó, Perú considera que el asilo no debe utilizarse para evadir procesos judiciales. Y buscará compartir criterios con otros Estados miembros antes de emitir una respuesta definitiva.

El caso se suma a otros episodios recientes relacionados con solicitudes de asilo vinculadas a figuras políticas. Como el otorgamiento de protección por parte de México a la familia del expresidente Pedro Castillo. En tanto, el Congreso deberá definir si se vuelve a votar la inhabilitación de Chávez, lo que podría modificar su situación jurídica y política. Hasta que el Pleno adopte una nueva decisión, el proceso permanece en suspenso y la ex primera ministra continúa a la espera tanto de la definición parlamentaria como de la resolución del Ejecutivo sobre el salvoconducto.