Siete universidades del país cerrarán definitivamente en 2025. Esto tras una decisión de la Sunedu que determinó que no cumplían las condiciones básicas de calidad exigidas por la Ley Universitaria. La medida alcanza a la Universidad Alas Peruanas, la José Carlos Mariátegui, Católica Los Ángeles de Chimbote, Universidad Peruana de Ciencias e Informática, Universidad Científica del Perú, Universidad Privada San Carlos y la Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez. El organismo detectó fallas graves en infraestructura, investigación y gestión académica, lo que dejó a miles de estudiantes en incertidumbre sobre su continuidad.
El anuncio formal llegó acompañado de un detallado informe que describe el proceso de supervisión seguido por la Sunedu. Cada caso fue evaluado bajo los criterios exigidos por la normativa universitaria, revelando patrones comunes entre las instituciones sancionadas. Deficiencias en infraestructura, laboratorios incompletos o sin equipos funcionales y servicios básicos ausentes fueron algunas de las irregularidades más graves. Incluso se encontraron trabajos de construcción inconclusos y falta de garantías de seguridad, elementos que comprometen directamente el bienestar de estudiantes y personal.
La revisión también reveló situaciones críticas relacionadas con la habilitación de los locales donde operaban estas universidades. En varios casos se constató que no contaban con espacios propios aptos para actividades académicas o que no presentaron la documentación necesaria para funcionar. Estas falencias se detectaron en sedes principales y filiales. Lo que evidenció que los problemas no eran aislados, sino parte de una estructura deficiente que se repetía en distintas regiones del país.
La falta de una política sólida de investigación fue otro factor determinante en la decisión del organismo supervisor. Los reportes mostraron la ausencia de procedimientos para priorizar, seleccionar y monitorear proyectos científicos. En muchas de las universidades cerradas, menos del 10 % del presupuesto destinado a investigación se ejecutó efectivamente. Lo que redujo la producción académica y limitó la formación de sus estudiantes. A ello se sumó un cuerpo docente con baja presencia de profesores a tiempo completo, bachilleres fuera de plazo y escasos concursos meritocráticos para nuevas contrataciones.
El informe también expuso deficiencias en servicios complementarios y mecanismos de empleabilidad. Bolsas de trabajo sin alcance real, convenios poco efectivos y programas discontinuos impidieron una inserción laboral adecuada para los egresados. Asimismo, actividades deportivas, culturales o de atención médica no contaban con financiamiento asegurado. La transparencia institucional quedó en entredicho debido a portales con datos desactualizados o inconsistentes. Con la resolución en mano, las universidades deberán ejecutar sus planes de cierre y garantizar la reubicación de los estudiantes, así como la entrega de grados y títulos pendientes.
