El proceso electoral de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de San Agustín (UNSA) ha quedado envuelto en cuestionamientos. El docente universitario José Luis Ramos Salinas denunció una serie de presuntas irregularidades que, según afirma, podrían terminar viciando por completo la elección de las nuevas autoridades académicas.
El catedrático señaló que el 19 de agosto la Asamblea Universitaria cesó al comité electoral que ya tenía en marcha el proceso, sin presentar una justificación formal. En su lugar, se designó un nuevo comité, pese a que el proceso inicial avanzaba con normalidad. “No se sustentó en ningún argumento”, afirmó el docente, quien considera que esta interrupción arbitraria marcó el origen de todos los problemas posteriores.
El estatuto universitario establece que, tras elegir a un nuevo comité electoral, las elecciones deben convocarse dentro de un plazo no menor de seis meses. La razón, explicó Ramos, es que se trata de un proceso complejo que demanda planificación. Sin embargo, el recién nombrado comité convocó a comicios el 20 de octubre, apenas dos meses después de su designación, reduciendo el plazo a un tercio de lo exigido.
Este apresuramiento, sostuvo, generó consecuencias inmediatas, empezando por un padrón electoral desactualizado. En la lista oficial aparecían docentes registrados como magister pese a que ya contaban con grado de doctor. Una diferencia clave para procesos de posgrado donde el nivel académico tiene incidencia directa en la participación y elegibilidad.
Aún más grave —según Ramos Salinas— fue la exclusión automática de docentes que el 20 de octubre se encontraban en comisión de estudios en el extranjero. Muchos de ellos desde uno hasta tres años. Pese a seguir siendo parte de la planta docente, no se les permitió votar ni postular. Lo que el denunciante calificó como una restricción injustificada que limita la participación de quienes podrían aportar significativamente a la Escuela de Posgrado.
La misma situación afectó a los docentes que ese día estaban con descanso médico por cuadros virales, así como a quienes se encontraban en año sabático realizando investigaciones. “Como si por hacer una investigación dejaran de ser docentes”, cuestionó Ramos. Señaló que este criterio no solo desconoce el estatuto universitario y la Ley Universitaria, sino también principios constitucionales sobre participación democrática.
También lamentó que incluso un solo caso de exclusión arbitraria ya implicaría una vulneración de derechos, pero remarcó que no se trata de un caso aislado sino de docenas de afectados. “Una universidad no puede hacer eso. Yo he sido tres años defensor universitario y lo que corresponde es evitar que se vulneren los derechos de cualquier persona”, enfatizó.
A este panorama se suma otra irregularidad. Según la denuncia, el comité electoral habría anunciado una segunda vuelta entre los candidatos con mayor votación, pese a que la normativa interna no contempla ese mecanismo para la elección de autoridades de posgrado. Esto incrementa las dudas sobre la validez del proceso.
Finalmente, advirtió que todas estos vicios podrían derivar en la nulidad del proceso electoral si los afectados deciden presentar acciones legales. “Este proceso podría ser anulado por el Poder Judicial”, afirmó, al tiempo que cuestionó que la Asamblea Universitaria tome decisiones porque tiene los votos, incluso si éstas contravienen la normativa vigente.
