La inhabilitación política de Betssy Chávez naufragó en el Congreso, ya que no logró reunir los 66 votos necesarios para sancionarla por diez años. Esto debido a su participación en el fallido golpe de Estado de Pedro Castillo. Con solo 63 adhesiones, el informe sustentado por Jorge Montoya fue enviado al archivo. Chávez, asilada por México y pendiente de salvoconducto, no presentó descargos dentro del plazo otorgado, según la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.
El pleno debatió el informe final de la Subcomisión, sustentado por Jorge Montoya. Este insistió en que Chávez fue notificada el 30 de julio de 2024 y que se le otorgó un plazo de cinco días para ejercer su defensa. Según el legislador, la exprimera ministra no cumplió con presentar sus descargos, razón por la cual el procedimiento continuó bajo la figura de trámite absuelto. Para Montoya, los hechos levantados en la investigación probaban que Chávez participó en la ruptura del orden constitucional desde su rol como jefa de la PCM.
En sus intervenciones, Montoya argumentó que la exjefa del Gabinete incurrió en una “grave y reiterada” vulneración de los deberes constitucionales. Señaló que contribuyó al mensaje en el que se anunciaba la disolución del Congreso, la intervención del sistema judicial y el establecimiento de un “gobierno de excepción”. El informe planteaba su inhabilitación por diez años, una sanción que habría bloqueado cualquier intención de postular a las elecciones de 2026. Las mismas en las que Chávez ya había expresado interés de competir por Juntos por el Perú.
La defensa legal de la exprimera ministra, representada por el abogado Raúl Noblecilla, rechazó categóricamente las conclusiones del informe. Noblecilla aseguró que tanto Chávez como Pedro Castillo son víctimas de “persecución política” y sostuvo que existe temor ante su posible participación en futuros procesos electorales. Además, cuestionó el trabajo de los legisladores y consideró que la falta de descargos no puede interpretarse como aceptación de responsabilidad.
Tras conocerse la votación, se presentaron al menos tres pedidos de reconsideración, lo que deja abierta la posibilidad de un nuevo debate. Paralelamente, existe otro informe final relacionado al fallido autogolpe que también recomienda inhabilitar a Chávez por diez años. Mientras tanto, la exfuncionaria permanece bajo asilo otorgado por México, a la espera de un salvoconducto que le permita salir del país.
