Si creíamos que la corrupción al interior de la Policía Nacional del Perú no podía empeorar, el reportaje principal de esta edición nos muestra que no, que sí puede caer más bajo y llevarse consigo no solo a ciertas dependencias, sino que, gracias a influencias personales, puede arrastrar a otros efectivos policiales solo con el discurso del «amiguismo».
El caso que denuncia la valiente fiscal Lissbeth Adriazola, pensamos, es la punta del iceberg de corrupción que impera en la dependencia de Trata de Personas de la PNP en Arequipa.
La confesión de una de las investigadas, quien asegura que fueron las dueñas de otros «prostíbulos» quienes le avisaron del operativo, es clave. Incluso la mujer cuenta que le pidieron su DNI para verificar si ella tenía una orden de captura preliminar. Lo que da cuenta que sus fuentes tienen acceso incluso a los sistemas de justicia y que los utilizan a su libre albedrío.
Además, la mujer cuenta que los propios policías que laboran en el área de Trata de personas, y que son los que hacen el servicio de televigilancia y Observación, Vigilancia y Seguimiento (OBVISE), fueron quienes avisaron a las «colegas» de la investigada respecto al operativo que se le venía encima. Incluso, contó que estas mujeres ya conocían a los efectivos de operativos pasados y que han creado vínculos de amistad. ¿Todo esto a cambio de nada? ¿Altruismo en favor de la prostitución y, lo que es más grave, de la trata de personas? Lo dudamos mucho. El dinero que mueve este delito es tremendo y debe repartirse entre todos los involucrados; incluidos policías cómplices.
Lo peor es que el propio general PNP Olger Benavides parece que no quiere hacer nada. O lo poco que dice que está haciendo, tiene un tufo a desgano para perseguir a los presuntos involucrados.
El caso que se denuncia debe ser investigado. Es grave. Y para garantizar que esto no vuelva a ocurrir, o para evitar más problemas y suspicacias, los denunciados deben ser separados de la institución policial, o por lo menos ser enviados a otros destacamentos fuera de la región.
La lucha contra la trata de personas no es un juego. Allí están mujeres que son obligadas a prostituirse, que con engaños llegaron a este «negocio oscuro» y que merecen volver a vivir y sonreír sinceramente.
Lo que denuncia la fiscal Adriazola debe tomarse en serio y verificarse si está pasando en otras áreas que persiguen diversos delitos. Porque si los policías con los que se supone deben coordinar y confiar, mandan por el desvío a los fiscales, entonces no habrá forma de perseguir ningún delito. Es un trabajo conjunto que se basa en la confianza mutua.
Poniendo un paréntesis a este caso en particular, pero tomándolo como ejemplo, nos preguntamos: ¿Será que lo mismo está pasando en las investigaciones que se siguen por delitos de corrupción de funcionarios? ¿Será por eso que varios casos, denunciados contra la gestión del gobierno regional, se están archivando sin más? Dejamos ahí la duda.
