Por Omar J. Candia Aguilar. Abogado y político. Mail: ocandia@unsa.edu.pe
A más de 200 años de independencia, seguimos siendo una república inconclusa, una democracia sin demócratas, con una endeble institucionalidad. Una muestra de ello, es lo que pasó la semana última, que se vacó a una presidenta. Alguien que no tenía legitimidad de origen pues provenía de una sucesión constitucional viciada. Que se aferró al poder por la fuerza de las balas, que traicionó a sus electores sosteniéndose en las bancadas que eran sus adversarios, y quienes, era evidente, instrumentalizaron su poder. La utilizaron a pesar de que vieron que su aceptación popular era casi inexistente. Y decidieron deshacerse de ella, cual mochila muy pesada, como cálculo por las próximas elecciones.
Pero, más allá de las pugnas del poder político, es necesario reconocer que el principal problema del país, es la criminalidad organizada. No estamos frente a cualquier tipo de hecho delictivo, no nos encontramos frente a delitos ordinarios, sino frente a un tipo de criminalidad con altos niveles de organización. Una que extorsiona violentamente, presionando a sus víctimas a recibir beneficios económicos, y si no lo hacen simplemente acaban con su vida de los extorsionados.
Enfrentar este problema se puede hacer de dos maneras: en democracia o bajo el método Bukele tan promocionado. Las diferencias son sustanciales. En la primera se respetan las garantías y derechos de los investigados; y en la segunda se relativiza y se flexibilizan los derechos y garantías de los investigados. En democracia el error judicial debe ser mínimo, castigando al que verdaderamente cometió el delito. Con el método Bukele se estigmatiza y el error judicial aumenta llevando a inocentes a las cárceles. En democracia la política criminal debe sustentarse en criterios racionales; en el método Bukele, la política criminal es expansiva y populista. Pero lo más crítico es que el Perú no es El Salvador, y las organizaciones criminales que operan no son las pandillas salvadoreñas. Pero, no debemos engañarnos, una receta de esta naturaleza no daría resultados, solo afectaría la endeble institucionalidad democrática y afectaría más el control del poder político.
Enfrentar la criminalidad requiere de una política pública integral, con estrategia, recursos y compromisos sólidos de los tres poderes del Estado y de los órganos constitucionales autónomos. Se requiere de inteligencia policial y equipamiento altamente especializado. La seguridad ciudadana y la lucha contra la criminalidad organizada deben ser el eje central de las políticas públicas.
No debe aprovecharse la coyuntura para vendernos propuestas populistas y/o demagógicas, debemos exigir propuestas serias y viables. Tenemos derechos a vivir en un mejor país.
