Yanahuara es un distrito turístico de Arequipa, pero desde 2023 arrastra un problema que divide a vecinos y autoridades: discotecas y restobares que funcionan con licencias cuestionadas, sanciones incumplidas y vínculos políticos. Los casos de Fulana, Élite, Filin y Cuesta del Olivo revelan un patrón de irregularidades que la Fiscalía investiga por presunta corrupción de funcionarios.
«Fulana» con privilegios
El 25 de noviembre de 2023, fiscalizadores de la comuna distrital de Yanahuara detectaron que el establecimiento «Fulana», ubicado en la avenida Emmel, funcionaba como discoteca pese a contar solo con licencia de restaurant bar. Ese mismo día se ordenó su clausura inmediata, sin embargo, de acuerdo a una denuncia presentada ante la Fiscalía Anticorrupción, el local reabrió al día siguiente.
Pero esa no sería la única sanción. El 5 de diciembre de ese año, un proveído revocó la ampliación de horario de atención hasta las 2 de la madrugada por «incumplir con el giro de su licencia de funcionamiento y funcionar como discoteca». El 2 de febrero de 2024, un informe técnico recomendó la revocatoria definitiva de la licencia del establecimiento basado también en las faltas antes descritas. El 5 de abril, un procedimiento sancionador constató que no tenía certificado ITSE, lo que, según la denuncia en la fiscalía, ameritaba clausura definitiva y multa del 50 % de la UIT. Al parecer, ninguna de esas medidas se ejecutó, ni afectó la continuidad del funcionamiento de la discoteca.
Cuando todo parecía perdido, en junio de 2025, una intervención conjunta de las municipalidades de Yanahuara y Arequipa comprobó que el local superaba los límites de ruido. En ese entonces se ordenó nuevamente la clausura inmediata. Pero «Fulana» también reabrió al día siguiente. Las explicaciones que les dieron a los vecinos de Yanahuara rayan en el límite entre la incompetencia y la complicidad. Resulta que, convenientemente, los medidores de ruido no funcionaron correctamente en la inspección.
Sin embargo, tal vez lo peor es que la licencia de «Fulana» se otorgó amparada en la Ordenanza Municipal 09-2008-MDY, que ya no tiene validez legal. De acuerdo a la denuncia, esto sería suficiente para anular la licencia de funcionamiento. «ya que la municipalidad ha utilizado una legislación derogada para justificar la operación de un establecimiento que, de otro modo, no cumpliría con los requisitos legales establecidos por la normativa vigente».
Además, también de acuerdo a la denuncia, existen, hasta la fecha, más de treinta quejas vecinales contra este local. Los problemas más comunes, y que los vecinos de la zona deben soportar a diario, tienen que ver con el ruido nocturno, las peleas callejeras, congestión vehicular y basura en la vía pública. Inclusive el descanso de los pacientes de una clínica cercana se ve afectado por la presencia de la discoteca.
Élite: negligencia e impunidad
En octubre de 2024, un grupo de vecinos presentó un memorial al alcalde Sergio Bolliger Marroquín, pidiendo la intervención de la municipalidad de Yanahuara solicitando la fiscalización del local Élite, ubicado en el último piso del edificio Nasya en la avenida Ejército.
Esta carta se envió luego de que la propia municipalidad distrital clausurara de manera temporal. Meses más tarde, el 20 de abril de 2025, la Municipalidad de Yanahuara volvió a ordenar su clausura por exceder el horario permitido. Sin embargo. El 30 de abril, una constatación policial verificó que seguía funcionando y lo sigue haciendo hasta la fecha.
De acuerdo a la denuncia presentada ante el Ministerio Público, los vecinos denuncian que la municipalidad ignora sus reclamos y que las fiscalizaciones se realizan en horarios donde no se detectan las infracciones. Por lo que hasta la fecha no se percibe que las acciones de la municipalidad tengan un efecto definitivo respecto al funcionamiento de este establecimiento.
Como en Fulana, la licencia de Élite también se emitió con base en la ordenanza de 2008, sin vigencia legal.
Filin: licencias exprés
El caso de Filin, en la avenida Ejército 310, muestra cómo se pueden combinar irregularidades técnicas con vínculos políticos. En 2023, se detectó que en el predio se realizaban demoliciones y construcciones sin licencias. Se levantaron actas por cuatro infracciones: cercado no autorizado, falta de licencia de demolición, desacato y construcción ilegal.
Pese a ello, en 2024 el local obtuvo licencia de construcción concluida, certificado ITSE y licencia de funcionamiento. Incluso a pesar de la oposición reiterada de los vecinos de la zona con protestas en repetidas ocasiones.
En marzo, los regidores de oposición solicitaron una comisión investigadora, pero la mayoría oficialista bloqueó el pedido. En su momento también se cuestionó la rapidez con la que se resolvieron los trámites para esta discoteca, lo que reforzó la sospecha de favorecimiento. El 6 de mayo los regidores de oposición solicitaron información oficial sobre la construcción, fiscalización, licencias y otros aspectos del predio, pero les respondieron fuera de plazo y de forma incompleta.
El representante de Filin es Freddy Gonzalo Carpio Ortiz, dueño de la agencia Purple Chicha, que manejó la campaña digital de Ricardo Ramírez del Villar, candidato a la alcaldía provincial por el movimiento Arequipa Transformación y Futuro, el mismo por el que ganó la alcaldía Bolliger.
Cabe mencionar que en 2023, Bolliger propuso usar el terreno de Filin como depósito municipal de vehículos. Luego, según testimonios de regidores, y también de acuerdo a la denuncia, planteó que allí se construiría una discoteca y que la municipalidad facilitaría las licencias a cambio de otro terreno. En su momento en entrevistas públicas, el alcalde defendió el local y lo presentó como un espacio seguro frente a otro tipo de locales, pese a que se encuentra a menos de 100 metros de una clínica, una comisaría y un jardín de niños. La licencia de Filin también se sustentó en la ordenanza derogada de 2008.
Los tres casos muestran un esquema similar en relación a la emisión de licencias con base en una ordenanza sin vigencia, clausuras que los locales incumplen sin consecuencias, sanciones que no se ejecutan y un trato preferencial por parte de la municipalidad, que en apariencia fiscaliza, pero que en la práctica permite la impunidad.
Revelación.pe se contactó con el alcalde Sergio Bolliger quien desafiantemente evitó responder nuestras preguntas. «Se van a tener que someter a las consecuencias. Saca lo que quieras», afirmó amenazantemente.
