Machu Picchu, ícono del turismo en el Perú, atraviesa una crisis que pone en peligro su prestigio internacional. La entidad New7Wonders alertó que los conflictos sociales, la descoordinación en el transporte y las falencias en los servicios básicos afectan el llamado “efecto maravilla”, aquel impacto positivo que potencia el desarrollo cultural, económico y global del país.
Los problemas de acceso a la ciudadela inca se han intensificado en los últimos años. Las rutas terrestres se ven constantemente interrumpidas por bloqueos y paros, mientras que la suspensión del servicio ferroviario, como ocurrió el último domingo por Perú Rail, deja a miles de turistas varados y obliga a modificar planes de viaje. A ello se suma la falta de coordinación entre autoridades y operadores privados, que genera un clima de incertidumbre alrededor del principal atractivo turístico del Perú.
La situación también se agrava en el plano administrativo. Un informe de la Contraloría General de la República reveló fallas en la venta de boletos, ausencia de personal orientador, trato inadecuado a visitantes y problemas de accesibilidad para personas con discapacidad. Asimismo, se detectaron irregularidades en el manejo de recursos: más de S/ 52 000 se almacenaban en cajas de cartón y cajones de escritorio, sin caja fuerte operativa ni medidas de seguridad adecuadas.
El deterioro de la gestión alcanza aspectos clave como el control de aforo. El generador eléctrico del Parque Arqueológico Nacional de Machu Picchu está inoperativo desde diciembre de 2024, lo que compromete el sistema de validación de boletos. De producirse cortes de energía, el sistema digital TuBoleto.cultura.pe quedaría inutilizado, afectando la trazabilidad y seguridad de los ingresos.
Ante esta crisis, New7Wonders remarcó que la permanencia de Machu Picchu como una de las Nuevas Siete Maravillas del Mundo depende de un plan estratégico integral que no ha sido implementado a pesar de estar en manos de las autoridades desde hace años. El llamado internacional es contundente: el gobierno nacional, los ministerios, el Congreso y las autoridades locales deben redoblar esfuerzos para garantizar la protección y adecuada gestión de un patrimonio que trasciende lo arqueológico y constituye un motor cultural y económico para el país.
