El cierre del Reinfo en 2025 acelera las tensiones en regiones como Arequipa, Cusco y Pasco, donde miles de mineros informales operan sobre concesiones ya otorgadas. Mientras tanto, iniciativas como el Programa MANA y debates en torno a la Ley MAPE emergen como alternativas para frenar la invasión de concesiones y encaminar la formalización. Sin embargo, la magnitud de la informalidad, con exportaciones ilegales millonarias y graves impactos en bosques y comunidades, obliga a repensar las reglas de juego en provincias.
En Arequipa, más de 10 mil mineros quedaron fuera del Reinfo, y en Cusco y Ayacucho la deforestación avanza a paso acelerado por operaciones ilegales. Estas actividades, muchas veces sobre concesiones vigentes, no solo violan derechos adquiridos sino que desatan conflictos entre comunidades y empresas formales. El Ministerio de Energía y Minas calcula pérdidas fiscales de S/ 2,000 millones cada año. Mientras que el canon transferido a gobiernos locales en 2025 ya bordea los S/ 7,000 millones, un contraste que evidencia el potencial desperdiciado.
Las concesiones mineras, otorgadas por el Ingemmet, se han convertido en el centro de la disputa regional. Aunque el 59 % del territorio nacional es concesionable, solo el 15% está concesionado y apenas una fracción opera realmente. En Arequipa, el 20% del suelo tiene concesiones pero solo el 1.5 % está en explotación. En Cusco y Pasco, la superposición es crítica: el 93 % de mineros en Reinfo trabaja en terrenos ajenos, según cifras oficiales. Esta invasión responde a la falta de capital y experiencia de pequeños mineros, que prefieren instalarse donde ya se sabe que hay minerales.
La Asociación de Contribuyentes del Perú plantea el Programa MANA como salida para ordenar el sector. La propuesta busca reubicar a los informales en áreas no concesionadas, mapear territorios aptos con inteligencia artificial y financiar exploraciones iniciales con un fondo especial. Los mineros que se trasladen tendrían derechos exclusivos temporales y asistencia técnica, lo que abriría oportunidades de encadenamientos productivos en regiones como Huánuco y Cusco.
En paralelo, borradores de la Ley MAPE circulan en el Congreso con medidas como trazabilidad mineral en tiempo real, control de insumos químicos e incentivos tributarios para contratos de largo plazo. Aunque no hay consenso definitivo, estas ideas apuntan a ordenar la actividad y reducir la dependencia de la informalidad. Implementar cambios requiere acuerdos políticos y técnicos, pero de lograrse, las provincias podrían transformar la minería en un motor de crecimiento inclusivo, capaz de equilibrar la riqueza del subsuelo con el bienestar de sus comunidades.
