La discusión en torno a la nueva Ley MAPE ha encendido un debate clave para el futuro de la minería en el Perú. Especialistas, autoridades y representantes indígenas coinciden en que la norma debe asegurar trazabilidad, fiscalización rigurosa y zonas intangibles, para evitar que se convierta en un instrumento que encubra la ilegalidad y prolongue el daño social y ambiental.
En el seminario organizado por el Colegio de Abogados de Lima, se marcó un consenso: la nueva norma no puede nacer débil. César Ipenza y Karina Garay, del Observatorio de Minería Ilegal, presentaron diez propuestas, entre ellas la más urgente: diferenciar con precisión al minero artesanal, del informal y del ilegal. Garay recordó que la minería artesanal puede sostener economías locales, pero también eleva la criminalidad y destruye bosques semana tras semana.
El foco de atención también estuvo en las plantas de beneficio, donde se procesa el mineral. Para Ipenza, fiscalizarlas es clave, pues allí se pierde el rastro del oro y se esconden prácticas nocivas. El viceministro Henry Luna coincidió y cuestionó que empresas sin minas propias, como Beta Dorada o Paltarumi, aparezcan entre los mayores productores nacionales. “¿De dónde proviene ese mineral?”, preguntó, evidenciando vacíos que el Estado aún no resuelve.
Angela Grossheim, de la SNMPE, exigió trazabilidad no solo del oro, sino también de insumos, combustibles y explosivos que nutren la minería ilegal. Criticó además el recorte presupuestal destinado a enfrentar este flagelo. En paralelo, el Observatorio propuso blindar zonas intangibles como ríos, áreas protegidas y territorios indígenas, donde el oro no debería tener más valor que la vida.
El testimonio más duro llegó desde la Amazonía. Teresita Antazú, lideresa Yanesha, denunció que las comunidades de Madre de Dios caminan horas para hallar agua limpia, mientras sus ríos siguen contaminados con mercurio. A ello se sumó Juvenal Silva, quien advirtió que la minería ilegal afecta ya a 48 comunidades indígenas. Y el problema del Reinfo, recordó la congresista Diana Gonzales, solo agravó la situación al convertirse en refugio de la informalidad, con prórrogas que deben llegar a su fin.
