El miércoles muy temprano el gobernador Rohel Sánchez aseguraba que no iba a retirar a ningún funcionario involucrado en los chats publicados por este medio en los que se advierte una presunta red de corrupción orquestada por el entonces gerente general Johan Cano Pinto, y en la que se involucra a la ahora exjefa de Asesoría Jurídica, Valeria Chipana Quispe. Los respaldaba asegurando que dichos pantallazos son falsos. Y para probarlo, ambos acudirían inmediatamente a la Fiscalía a ponerse a disposición de la justicia. Y mientras tanto seguirían ejerciendo funciones.
Pero el clima político siempre es cambiante y trae ventarrones. El respaldo político de Sánchez se diluyó rápido. Chipana Quispe prefirió renunciar antes que develar su intimidad y Johan Cano, luego de ser conminado a presentar su renuncia si no entregaba su móvil, recién se presentó el jueves por la mañana, con show mediático incluido, para ponerse a disposición del Ministerio Público. Un último intento por mostrar transparencia y aferrarse al cargo. Pero la jornada terminó con su renuncia y la designación de Berly Gonzáles Arias —un viejo conocido de la política regional— como su reemplazo.
El mensaje implícito a la ciudadanía, por parte del gobernador, debería quedar claro.
Show para un medio
La mañana del 4 de septiembre comenzó con la imagen del ahora exgerente general Johan Cano Pinto llegando a la Fiscalía con un celular en mano, ofreciendo “colaborar” con la justicia. Básicamente entregar ese móvil y autorizar el levantamiento de su secreto bancario y de comunicaciones. Al show mágicamente apareció solo un medio. Lo que nos hace preguntarnos sobre un pasaje de los chats: «Apoyame a contactar con algunos proveedores eso para asegurarme la prensa». Pero seguro solo fue coincidencia.
A pesar de la buena voluntad de Cano Pinto, la diligencia no se concretó. Desde la Fiscalía explicaron que este tipo de diligencias deben ser programadas y con la presencia de peritos especialistas. Es decir, todo fue una pantomima porque el funcionario abandonó la sede fiscal y el cargo sin haber entregado formalmente ninguna prueba.
Horas después, presentó su renuncia con el pretexto de no entorpecer la gestión y se victimizó en público. “Obedece mi retiro a un ánimo de no entorpecer la gestión, de calmar este tipo de ataques de los que hemos sido víctimas. Asimismo, me retiro para esclarecer de una vez por todas los hechos y reafirmo mi inocencia en este caso”, dijo Cano en la conferencia de prensa donde el gobernador presentó a su reemplazo.
Exige lo ilegal
Por su parte, el gobernador Sánchez, lejos de reconocer la gravedad de la crisis institucional, arremetió contra los medios de comunicación. En tono confrontacional exigió revelar las fuentes de las filtraciones. “Me parece muy mal que algunos califiquen. Aquí hay un responsable, el señor que le llegó la información (los chats) que diga de qué número le llegó. Estoy convencido que esto no se ajusta en lo absoluto a la verdad”, señaló. Una exigencia que, desde este medio, debemos advertirle que no es posible. No podemos revelar la fuente, pero sí dispuestos a entregar los chats originales que llegaron.
Acompañado de todo su séquito de funcionarios de confianza, el mandatario regional incluso desacreditó las denuncias sobre presuntos actos de corrupción en el Gobierno Regional de Arequipa, trasladando la atención hacia sus detractores.
“Le digo a todos estos que han resucitado a hacer escándalo, golpeándose en el pecho y dándose de pulcros. Miren su pasado. Uno tiene que ser coherente entre lo que dice y lo que hace, entre la teoría y la práctica. Uno tiene que ser coherente y no accionar de manera mediocre, afirmando cosas que no son”, añadió visiblemente molesto y hasta soltando un gallo en su alocución. La misma que finalizó con los aplausos y el respaldo de sus funcionarios. Alguien tenía que apoyarlo.
El flamante gerente general
Ahora, respecto a Berly Gonzales, no es un rostro nuevo: fue flamante gerente general durante la gestión del expresidente regional Juan Manuel Guillén Benavides, en dos ocasiones. Y su nombre apareció en investigaciones fiscales y congresales por proyectos millonarios marcados por presuntos actos de corrupción. Aunque debemos señalar que salió bien librado de todos. Ahora, nuevamente ocupa el más alto cargo administrativo.
Entre los casos más graves figura la autopista Arequipa–La Joya. La Fiscalía Anticorrupción lo incluyó en el proceso contra Guillén Benavides, 20 exfuncionarios y el Consorcio Ingeniería Arequipa-La Joya, acusado de colusión agravada. Según el Ministerio Público, Berly Gonzáles intercambió correos electrónicos con representantes españoles del consorcio, coordinando reuniones con el exmandatario en Lima, a fin de hacerles ganar la licitación del proyecto.
Según la carpeta fiscal, un correo fechado el 18 de abril de 2012, enviado por Gonzáles al empresario Fernando Toledo, revelaba que actuaría como intermediario para pactar reuniones clandestinas. “Parece que el Dr. Guillén viaja a Lima, te confirmo mañana, de repente la reunión puede ser allá”. Esta fue una de las tantas pruebas que presentó la Fiscalía en el juicio contra el exgobernador.
Otro correo electrónico, del 27 de abril de 2012, decía: “Berly, no hubo oportunidad de reunirse con JM (Juan Manuel), hay forma de programar una visita la próxima semana”. Para la Fiscalía, estos mensajes evidenciaban un rol activo en la concertación de la licitación de la vía.
Además, los colaboradores eficaces entregaron audios y registros de comunicaciones que reforzaría la tesis del direccionamiento del millonario proyecto. Aunque parte de esa evidencia fue cuestionada en su momento, en 2023 se incorporaron 209 pruebas adicionales, incluyendo correos electrónicos que fortalecen la acusación.
Más casos
El ahora gerente general de Rohel Sánchez también figuró en el polémico caso del puente Chilina. Un informe de la Comisión de Fiscalización del Congreso, aprobado por unanimidad, lo incluyó entre los cinco exfuncionarios con presunta responsabilidad en más de diez delitos: colusión, peculado, malversación, asociación ilícita, cohecho y negociación incompatible.
El documento subrayó el desbalance financiero de la obra inicialmente presupuestada en 67 millones de soles, pero que terminó costando 450 millones de soles solo en cuatro tramos, sin concluir los demás. Se detectaron contratos sin licitación, compras irregulares y sobrevaloraciones en terrenos. En ese contexto, Berly Gonzáles, gerente general entre 2007 y 2011, habría avalado decisiones que facilitaron la desviación de fondos y beneficios indebidos a terceros.
A ello se suma un informe de Contraloría del 2020 que halló responsabilidad civil y administrativa en su gestión por el pago irregular de incentivos laborales a través del CAFAE, con un perjuicio económico superior S/ 1.4 millones. A pesar de este historial, el gobernador Rohel Sánchez lo presentó como su “nuevo hombre de confianza” para liderar la Gerencia General, luego de aceptar la dimisión de Johan Cano Pinto.
En síntesis, la salida de Johan Cano y el regreso de Berly Gonzáles a la Gerencia General no cierran la crisis, sino que la profundizan. El primero se marchó entre gestos simbólicos y promesas de inocencia nunca formalizadas, mientras que el segundo retorna con un pesado historial. En lugar de dar un giro hacia la transparencia, el Gobierno Regional de Arequipa parece haber elegido reavivar las sombras de administraciones pasadas.
