El reciente informe del Centro Wiñaq encendió una alerta política: cinco de cada diez peruanos aseguran que no respaldarían a ningún candidato que defienda la minería ilegal. La encuesta y los focus group realizados evidencian que la mayoría asocia esta actividad con violencia, redes criminales y evasión fiscal. Lo que coloca a los partidos frente a un dilema electoral de alto costo.
El estudio detalla que el 65.8 % de la población considera a la minería ilegal como destructiva, contaminante y ligada a mafias. Mientras que apenas un 16.9 % cree que aporta empleo sin dañar el medioambiente. En contraste, la percepción mayoritaria es que esta actividad expande el crimen, tanto en zonas mineras como en el resto del país. Lo que refuerza la exigencia ciudadana de mayor control.
Las cifras revelan que incluso votantes de distintos sectores políticos coinciden en esta postura. Entre ellos, el 68.8 % de los seguidores de Keiko Fujimori rechaza la minería ilegal, así como el 80 % de quienes apoyan a Rafael López Aliaga y López Chau, el 70 % de Carlos Álvarez y el 58 % de Phillip Butters. Estas tendencias muestran que la desaprobación trasciende colores partidarios y se convierte en un consenso transversal.
Además, el 70.2 % de los encuestados cree que algunos congresistas defienden propuestas vinculadas a la minería ilegal porque reciben financiamiento de esos actores. Esta percepción golpea directamente la legitimidad del Legislativo y evidencia que la población identifica un vínculo tóxico entre política y economías ilegales. Para el Centro Wiñaq, esta visión responde a una demanda creciente de “mano dura” frente a delitos que minan la gobernabilidad.
El impacto económico tampoco pasa desapercibido. La minería ilegal evade cerca de 5 200 millones de soles en impuestos, recursos que deberían llegar a los gobiernos regionales y municipales para transformarse en obras. En este contexto, los ciudadanos no solo ven un problema ambiental o de seguridad, sino también un atentado contra su derecho a mejores servicios públicos. La consecuencia es clara: en las próximas elecciones, los aspirantes que no se desmarquen de esta actividad enfrentarán un costo político casi irreversible.
