El Ejecutivo de Dina Boluarte dio un giro decisivo en su confrontación con la Corte Interamericana de Derechos Humanos. A través de una resolución ministerial, estableció un grupo multisectorial que dependerá del Ministerio de Defensa y tendrá 60 días hábiles para diseñar un proyecto de “Ley de Soberanía Nacional”. La decisión refuerza la estrategia oficialista de priorizar la legislación interna por encima de compromisos internacionales, en un contexto de desacato abierto al sistema interamericano.
La resolución, publicada el 28 de agosto en El Peruano, fija que el grupo esté compuesto por representantes de la Presidencia del Consejo de Ministros y de los ministerios de Justicia, Interior y Relaciones Exteriores, además de las Fuerzas Armadas. Cada institución designará un titular y un alterno, quienes trabajarán ad honórem. Mientras que la Secretaría Técnica recaerá en la Dirección de Política y Estrategia del Ministerio de Defensa.
El encargo es claro: revisar el marco normativo vigente y, a partir de ahí, presentar una propuesta de ley con exposición de motivos. El grupo también podrá formar subcomisiones y solicitar información a entidades públicas o privadas para sustentar su informe final. Al cabo de los 60 días, el documento pasará al Ministerio de Defensa, que lo elevará al Congreso para su eventual debate.
Este movimiento se produce en un ambiente cargado de fricciones. La Corte IDH ordenó al Perú no promulgar la ley de amnistía, pero el Gobierno decidió publicarla pese a la advertencia internacional. En abril, el tribunal también exigió garantizar la labor de las ONG tras la cuestionada ley APCI, otra disposición desconocida por el Ejecutivo.
Desde la sociedad civil surgieron críticas inmediatas. La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos advirtió que el plan dejaría a los peruanos sin acceso a la justicia internacional, justo cuando el sistema judicial local no responde a las víctimas. “Nos condenan al silencio y a la impunidad”, denunció su secretaria ejecutiva, Tania Pariona.
