Autodema: irregularidades en contrato de vigilancia

Los terrenos destinados a la agroexportación del proyecto Majes Siguas permanecen bajo resguardo incierto. Sucede que la Contraloría desveló una serie de irregularidades que revelan cómo más de un millón doscientos mil soles fueron entregados a una empresa de seguridad, sin que existan pruebas sólidas de que el servicio contratado se ejecutó de manera efectiva. Lejos de garantizar protección, el contrato exhibe vacíos, equipos incompletos, rondas sin control y pagos avalados con informes carentes de evidencia.

El contrato, valorizado en S/ 1 millón 244 mil 777 fue firmado el 17 de enero de 2025 entre el Proyecto Especial Integral Majes Siguas — Autodema y la empresa Ilave Construcción y Consultoría SAC. El objetivo era brindar resguardo a los terrenos del proyecto Majes-Siguas II durante 365 días calendario. Esto para evitar cualquier tipo de irrupción o contratiempo en dichos predios. 

Vacíos contractuales 

Uno de los hallazgos más relevantes es que la entidad no definió con claridad el servicio requerido. La ausencia de un plan de seguridad y de parámetros técnicos precisos permitió que se elaborara un contrato con vacíos significativos. Esto generó riesgos de sobrecostos y deficiente supervisión.

La unidad contralora también detectó que la empresa adjudicataria no cumplía con los requisitos mínimos establecidos en las bases. Pese a ello, se le otorgó la buena pro, en aparente contravención de la normativa de contrataciones del Estado.

Otra observación apunta a que el contrato incluyó cláusulas que favorecieron a la empresa, al permitirle modificar turnos y personal sin autorización previa de Autodema. Esta situación vulnera el principio de control y supervisión que corresponde a la entidad pública. Además, que no existieron mecanismos adecuados de verificación sobre la presencia de los agentes en los puestos de vigilancia. En varios casos, se constató la ausencia de efectivos durante recorridos inopinados.

Las deficiencias también se extendieron a la documentación presentada por la contratista. Y es que el ente de control comprobó que parte de la información sobre la capacitación y experiencia del personal no estaba sustentada. Pese a esta observación Autodema no adoptó ningún tipo de correctivos. 

¿Servicios no ejecutados? 

La irregularidad más grave recae sobre el pago de S/ 622 mil 388 efectuado por servicios no acreditados. El órgano de control concluyó que Autodema desembolsó ese monto a Ilave Construcción y Consultoría SAC sin contar con evidencias que demostraran la efectiva prestación del servicio.

De acuerdo con el informe, la entidad tampoco realizó evaluaciones periódicas ni estableció indicadores de cumplimiento. Esto impidió medir la eficiencia del servicio. Asimismo, se detectó un manejo inadecuado de las órdenes de servicio y las actas de conformidad. En algunos casos, estas se emitieron de manera automática sin la verificación real del cumplimiento de las obligaciones contractuales.

La Contraloría advierte que estas omisiones no solo vulneran la normativa vigente, sino que exponen a Autodema a riesgos financieros y legales. El organismo de control responsabiliza a los funcionarios que intervinieron en el proceso por no garantizar la legalidad ni la eficiencia en la contratación.

Hay responsables 

El informe recomienda iniciar acciones administrativas contra los responsables, así como una revisión integral de los contratos de servicios de vigilancia en Autodema. La finalidad es evitar que se repitan situaciones similares que comprometan la seguridad de los terrenos y el uso de fondos públicos.

Además, la entidad de control sugiere implementar protocolos de supervisión más rigurosos, incluyendo sistemas de control biométrico de asistencia y la elaboración de informes periódicos con indicadores verificables.

El caso destapa posibles actos de corrupción y genera preocupación, pues los terrenos de Majes-Siguas II representan un proyecto estratégico para la seguridad alimentaria y el desarrollo económico. La falta de control en servicios básicos como la vigilancia puede afectar la protección de activos públicos de alto valor.

Finalmente, la Contraloría dentro de sus facultades instó a Autodema a adoptar de manera inmediata las recomendaciones planteadas. El informe será remitido también a la Procuraduría Pública para evaluar eventuales responsabilidades civiles y penales.

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